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El pasado 8 de
marzo, la Comisión parlamentaria de estudio del
Plan Nacional de Reforma Integral de la
Administración de Justicia de la Ceriajus, que
preside el congresista Fausto Alvarado, propuso
al país una Declaración por la Justicia como un
“compromiso de continuar con el proceso de
reforma que se expresa en el Plan… Ceriajus”.
Frente a ello el equipo profesional del
Consorcio Justicia Viva manifiesta públicamente
lo siguiente:
1.
Respaldar esta Declaración por la Justicia, por
las siguientes razones:
-
Porque supone una
iniciativa desde un Poder del Estado dirigida
a generar consenso político y social en torno
a una agenda pendiente e impostergable: la
reforma democrática del sistema de justicia.
-
Porque reafirma
que el punto de partida de dicha reforma de la
justicia es el Plan Nacional de Reforma
Integral de la Administración de Justicia de
la Ceriajus. Esto es muy importante frente a
la resistencia a implementar dicho Plan de
Reforma mostrada por diversas instituciones
del sistema de justicia, como la Corte
Suprema.
-
Porque reafirma la
orientación democrática de la reforma judicial
pendiente: i) respeto a la independencia de
los jueces; ii) acceso igualitario a la
justicia, en el marco del respeto a nuestra
realidad multicultural; iii) protección de los
derechos humanos; y iv) control y sanción de
los excesos del poder y la corrupción. Se
reafirma así que la reforma judicial es
indispensable para el fortalecimiento de la
democracia.
2.
También consideramos positivo que esta
Declaración por la Justicia haya reafirmado,
entre otras cosas, que:
-
Se aspira a tener
una Corte Suprema “definida por su rol
central en el desarrollo de la jurisprudencia
y de los grandes principios que otorguen
predictibilidad…”, función que no cumple
en la actualidad. Por ende, la reforma
judicial supone un cambio sustancial en el
diseño, la composición y funciones de la Corte
Suprema.
-
El Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM) debe
encargarse del control disciplinario externo
de todos los jueces y fiscales. Sin embargo,
cabe advertir que, si bien somos partidarios
del control disciplinario externo, previamente
el CNM deberá ser sometido a una profunda
reforma en su composición, fiscalización y
funciones, ante el pésimo desempeño del actual
CNM.
-
Es indispensable
contar con una Ley de Carrera Judicial y
Fiscal, a fin de propiciar al interior del
Poder Judicial y el Ministerio Público la
“meritocracia” tantas veces reclamada. En ese
sentido, esta carrera judicial y fiscal
establecerá, entre otros aspectos, un sistema
permanente de evaluación y control de los
magistrados.
-
Se respaldan las
recomendaciones de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR) que sobre justicia la
Ceriajus hizo suyas: i) que los juzgados y
fiscalías del subsistema de derechos humanos
sean a dedicación exclusiva y que cuenten con
los recursos necesarios; ii) que se continúe
con el plan nacional de intervenciones
antropológico forenses (exhumaciones); y iii)
que la Academia de la Magistratura diseñe un
programa de formación en derechos humanos para
jueces y fiscales.
-
La justicia
militar pase a formar parte del Poder Judicial
y deje de ser parte de las Fuerzas Armadas,
conforme ya ha sido aprobado por la Comisión
de Constitución del Congreso. Además, el
Tribunal Constitucional ya ha señalado el
derrotero y los principios que el Congreso
debe tomar en cuenta al legislar sobre la
justicia militar.
3.
Discrepamos de la Declaración por la Justicia,
pues consideramos que no se han realizado
suficientes avances sustanciales en el ámbito
normativo ni en el de las medidas concretas por
parte de las instituciones del sistema de
justicia. Entre otras aspectos, consideramos que
no ha habido avances sustanciales en:
-
La reforma
constitucional de la justicia. Pese al tiempo
transcurrido, el Pleno del Congreso aún no
discute ni aprueba la reforma constitucional
que propuso la Ceriajus.
-
Reforma procesal
penal. La carencia de liderazgo por parte de
la Fiscalía de la Nación en el proceso de
implementación del nuevo Código, a pesar que
el rol del Ministerio Público en el nuevo
modelo es central, hace ver con preocupación
el proceso de implementación del mismo.
-
Abogados de
oficio. La inacción del Ministerio de Justicia
por mejorar y ampliar el servicio de defensa
pública, otra de las piezas claves en la
reforma procesal penal en curso.
4.
Finalmente, coincidimos con la Declaración por
la Justicia al considerar que el proceso de
reforma judicial “debe ser respaldado con
mucho mayor vigor por todas las fuerzas
políticas democráticas”. En un país con una
historia de sujeción judicial ante el poder como
el Perú, es indispensable que los partidos
políticos se comprometan, en los hechos, con una
auténtica refundación de la justicia.
Lima, 10 de marzo del 2005
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