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Lima, 17 de marzo del 2005 |
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El
domingo 13 de marzo pasado, el diario El
Peruano informó de los presuntos castigos
propinados por un grupo de ronderos de Piura al
ingeniero José Arrieta, jefe de asuntos
socio-ambientales de la empresa minera Majaz, en
Ayabaca (Piura). Nuestra primera reacción tiene
que ser de rechazo a estos excesos. Los hechos
deben ser investigados, y de encontrarse
efectivamente responsabilidad penal, sancionados
sus autores, para que no se repitan. Ciertamente,
estamos ante lamentables excesos (en el caso que
sean ciertas las denuncias), pues las rondas no
han sido creadas para torturar y delinquir. Como
muy bien lo sugiere entre líneas el título de
la noticia comentada, desde el momento en que
han torturado, dejan de ser ronderos y se
convierten en vulgares delincuentes.
Definitivamente, las rondas campesinas no
nacieron para violar los derechos humanos, sino,
muy por el contrario, para proteger los derechos
fundamentales de la población rural campesina
ante el abuso y la crueldad sobre todo de las
bandas de abigeos que roban el escaso patrimonio
de los campesinos, como es su ganado; y ante la
dificultad del sistema de administración de
justicia (jueces, fiscales, policías) para
proteger los derechos fundamentales de la
población campesina. En
momentos en que se discute en la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la
República dos proyectos que buscan desarrollar
el artículo 149º de la Constitución Política,
es importante reconocer el aporte de las rondas
campesinas a la paz y a la tranquilidad pública
en el campo. De alguna manera, las rondas
campesinas constituyen una respuesta organizada
y democrática de la población rural ante la
ausencia del Estado, a diferencia de los
linchamientos, que no son otra cosa que una
reacción autoritaria, desesperada y cruel de
sectores de la población que perdieron la
confianza en el sistema de justicia. |