Lima, 19 de mayo del 2005

El pasado viernes 13 de mayo, culminó la segunda etapa de la estrategia de elaboración del presupuesto del Poder Judicial, con la realización del quinto taller macro regional en Lima. Diversas autoridades (presidentes de Cortes, presidente de la Región Lima, representantes del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Municipalidad de Lima, entre otros) asistieron a este evento, con el fin de que sus necesidades sean includas en el pliego de financiamiento para el presupuesto judicial 2006. Por ahora, sólo queda dar inicio a la última etapa que consiste en la formulación y presentación de la propuesta de presupuesto 2006 al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Hasta antes del citado taller, fue poca la información oficial que dio cuenta del destino de la solicitud de recursos para el próximo año. Este vacío informativo se atenuó en algo con las últimas declaraciones del presidente del Poder Judicial, Dr. Vásquez Vejarano, quien señaló que el próximo año se gastará en “capacitar jueces y vocales, así como en elevar las calidades y los conocimientos de los trabajadores del Poder Judicial. Igualmente, se invertirá en fiscalizar mejor el trabajo judicial mediante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).” (El Comercio, 15/05/2005). Todas estas son, qué duda cabe, medidas importantes pero que no abordan de manera frontal ni integral los problemas de la justicia. Hace falta un urgente alineamiento de las propuestas de Vásquez Vejarano con las que hace más de un año determinara la Ceriajus en su Plan de reforma.

Según Vásquez Vejarano, el presupuesto para el 2006 tendrá énfasis en la disminución de la carga procesal, aspecto en el cual el Poder Judicial se encuentra en una posición incómoda: de 3 millones de casos en el 2004 (entre nuevos ingresos y pendientes de años anteriores), sólo se resolvió 850 mil. De acuerdo a declaraciones anteriores del mismo funcionario (ver página web del Poder Judicial), el eje de la descarga procesal será la creación de 291 nuevos órganos judiciales. Debemos señalar, sin embargo, que está comprobado que las nuevas dependencias tienden a congestionarse rápidamente si no se acompaña con la puesta paralela de otras medidas orientadas a mejorar la gestión del despacho judicial.

Finalmente, no debemos dejar escapar un último detalle: nuevamente, el presidente del Poder Judicial indicó que solicitaría al MEF 1.000 millones de nuevos soles como presupuesto para el 2006. Lo particular de ello es que esta cifra la hizo pública por primera vez a fines de abril del presente y tras culminar el primer taller macro regional (Arequipa), donde precisamente se iniciaba el recojo de necesidades. Lamentablemente, esto pone en duda la correcta articulación de los talleres macro regionales con el trabajo técnico para la formulación de la propuesta de presupuesto del Judicial. Esperemos que estas vacilaciones no sigan perjudicando a la justicia, pues recordemos que el accionar de ésta nos compete y perjudica o beneficia a todos.

Dos últimas preguntas: ¿por qué los talleres son casi clandestinos y no se informa lo que se dice y concluye en ellos? y ¿por qué no abrir vías para que todos podamos opinar y aportar? Recordemos que la justicia nos incumbe a todos, porque a todos nos afecta.
(Wilson Hernández Breña)