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Lima, 16 de junio del 2005 |
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La
semana pasada, el Poder Judicial presentó su
proyecto de presupuesto al Ministerio de Economía
y Finanzas, documento en el que plantea prácticamente
duplicar su asignación para el próximo año.
En efecto, de los 635 millones de nuevos soles
que tienen como presupuesto para el 2005, la
judicatura prevé recibir 1.167 millones de
nuevos soles para el 2006 (El
Peruano, 13/6/2005). Ello puede complejizar
la elaboración del presupuesto del sector público,
pues el Tribunal Constitucional determinó que
es competencia del Poder Judicial presentar su
proyecto de presupuesto al Ejecutivo, sin que
este último lo modifique, para
su posterior sustentación ante el Congreso. Junto a ello, además,
el Tribunal Constitucional formuló dos
exhortaciones, aún sin concretar, y que
precisamente se formularon con el fin de brindar
equilibrio al fallo: i) una política judicial a
ser elaborada por el mismo Poder Judicial (guía
de su accionar y sustento técnico para la
aprobación de su presupuesto en el Congreso), y
ii) la dación de una ley de coordinación entre
el Ejecutivo y el Judicial en cuanto al
presupuesto de este último. En
el fondo del asunto, no tendría nada de malo
que el Poder Judicial duplique su presupuesto si
el destino es la reforma; pero ello no ha
sucedido así. El proyecto de presupuesto
judicial prácticamente no considera las medidas
de reforma desarrolladas por la Ceriajus. En lugar
de ello, la razón de casi duplicar el
presupuesto recae en la propuesta de crear 291
órganos jurisdiccionales, cubrir algunos gastos
remunerativos y, en menor medida, capacitar al
personal. Esta actitud mereció críticas por
parte del congresista Fausto Alvarado quien señaló
que los fallos injustos continuarán a pesar del
incremento de recursos (Gestión 13/6/2005).
Sería bueno reclamar
una mejor asignación de prioridades dentro del
presupuesto judicial 2006, así como una mayor
transparencia pues el Poder Judicial no ha hecho
públicas sus intenciones de financiamiento.
Habría que agregar que el recientemente
aprobado crédito suplementario otorga una
asignación “especial” para el Poder
Judicial, aunque no se ha dado a conocer el
detalle del monto (La República, 16/6/2005). De todas formas, es un aumento más que
brinda poca transparencia a la gestión pública. Aún hay tiempo para que
el Poder Judicial presente una propuesta
alternativa. El Ejecutivo debe entregar al
Congreso a más tardar a fines de agosto el
anteproyecto de ley de presupuesto del sector público.
Consideramos que planteando las debidas
instancias de coordinación entre los tres
poderes del Estado (habida cuenta que el
Legislativo tiene la voz final, al
corresponderle la aprobación del presupuesto),
todavía es posible dar un giro al presupuesto a
favor de la reforma y no tener que esperar
simplemente más de lo mismo. |