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Lima, 07 de julio del 2005 |
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Si tuviéramos que calificar el contenido del documento “Proyecto de Presupuesto 2006”, que el Poder Judicial entregó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hace unas semanas, y en el cual establece que requiere 1.237 millones de nuevos soles, duplicando la cifra asignada este año, diríamos que estamos ante algo que lamentamos y que, sin duda, aleja a la justicia del rumbo del cambio de página. Para comenzar, hay que hacer un paréntesis resaltando la escasa transparencia con la que el Poder Judicial ha manejado tal información. Ni antes de su presentación al MEF, ni después de ésta, las autoridades judiciales pusieron sobre la mesa los alcances de su propuesta. Si bien algunas reglas estratégicas enseñan que hay que ser prudentes en el flujo de la información a la hora de elaborar un presupuesto, también es cierto que, una vez concluido ese proceso, se debe desencadenar una serie de presentaciones y reuniones con todos los involucrados, entre los que juega un rol muy relevante la sociedad civil, para convencerlos de las bondades de lo planteado y de la necesidad de que se sumen al apoyo que requiere un pedido que probablemente llevará a que se recorten los recursos en otras áreas del sector público. Cerrado el paréntesis, estamos en la obligación de comentar el preocupante contenido del presupuesto judicial 2006 y el rumbo que pretende imprimirse a la justicia. En primer lugar, a partir de la cuantía del presupuesto de este año (635 millones de nuevos soles, más parte del crédito suplementario recientemente aprobado, lo que en total y grosso modo representa 650 millones), consideramos que los 1.237 millones de nuevos soles que pretende recibir el Poder Judicial para el 2006 es una cifra irreal, teniendo en cuenta las limitaciones económicas de nuestro esmirriado presupuesto público. En segundo lugar, todos conocemos las limitaciones que tiene el Poder Judicial en materia de su capacidad de ejecución, por lo que se generan dudas serias respecto del manejo de un presupuesto duplicado. Ello se convierte en mayor preocupación pues actualmente está en marcha el proceso de descentralización del Poder Judicial y será a la postre cada Corte quien tenga la potestad de administrar sus recursos (compras de bienes y servicios, proyectos de infraestructura, etcétera). La eficiencia en el uso de los recursos pasa por establecer una debida prioridad entre las actividades que se pretende llevar a cabo. Como dice Juan Enrique Vargas, en democracia la prioridad pasa por reconocer que los ciudadanos son dueños de la soberanía y que sus derechos e intereses están por sobre los del Estado, quien es el llamado a satisfacerlos. Sin embargo, esto está siendo dejado de lado por el Poder Judicial pues, como lo anticipara el mismo presidente del Poder Judicial, el Dr. Vásquez Vejarano, en Caretas (2/6/2005), la razón de duplicar el presupuesto es para cumplir con el pago de salarios, gratificaciones y CTS (204 millones de nuevos soles); la creación de 253 órganos jurisdiccionales (128 millones de nuevos soles); informatización (100 millones de nuevos soles); y la capacitación de magistrados (4 millones de nuevos soles más parte del préstamo de la Unión Europea ascendente a 15 millones de dólares). Además, según una carta de respuesta de la Gerencia General del Poder Judicial a una solicitud de información cursada por Justicia Viva, también hay partidas para la inclusión de la sociedad civil en la Oficina de Control de la Magistratura (16 millones de nuevos soles) y la implementación de Consejos Ejecutivos Distritales y unidades ejecutoras (21 millones de nuevos soles). ¿Dónde quedan entonces las necesidades de reforma reclamadas cada vez más dramáticamente por la ciudadanía? ¿Acaso no deberían estar expresadas en los objetivos del proyecto de presupuesto del Poder Judicial? Estamos, pues, ante una propuesta económica del Poder Judicial para el 2006 que finalmente terminó por ser elaborada de espaldas y a ciegas del reclamo ciudadano. Con ello, debemos reconocer que resulta muy difícil pensar que el peruano de a pie prefiera que sus impuestos se inviertan en los temas planteados por el Poder Judicial, en lugar de apuntar hacia mejoras en los campos de salud, educación o seguridad ciudadana. ¿Cómo defender que sus impuestos vayan a aumentar el gasto remunerativo y crear más dependencias en el Poder Judicial que, aparte de ser una propuesta cara, no tiene mayor efecto sobre la productividad judicial (las nuevas dependencias tienden a congestionarse en el mediano plazo y a adquirir los mismos vicios y defectos de la administración de justicia)? Sin duda que otro podría ser el resultado si se tratara de invertir en el fortalecimiento de la lucha anticorrupción, la implementación de una carrera judicial que garantice que acceden y se mantienen en ella sólo los más capaces, la redefinición del rol de la Corte Suprema, la eliminación de barreras lingüísticas y culturales en el acceso a la justicia, entre otros temas de urgente necesidad. Si para algunos era fácil justificar la ineficiencia de una institución
por su escasez de recursos, esperamos que se
unan las voces que no quieren mantener una
institución cara y sin voluntad de cambio. En
este contexto, es hora de escuchar las voces de
los congresistas quienes, finalmente, serán los
que determinen si aprueban o no esta propuesta. |