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Lima, 07 de julio del 2005 |
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Hemos recibido en Justicia Viva y el Instituto de Defensa Legal (IDL) una carta del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) relacionada a una nota aparecida en nuestra edición anterior: (Propuesta de solucion amistosa para caso de magistrados no ratificados), en la que se informaba que el Estado peruano había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una propuesta de solución amistosa en el caso que dicha instancia internacional tiene sobre los magistrados no ratificados. Efectivamente, el Estado peruano presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una propuesta de “solución amistosa” elaborada por la Comisión de Alto Nivel que para tal efecto se constituyó, la cual, como señala el CNM, no había sido suscrita por ellos. Pero el hecho es que, a pesar de esto, los representantes del Estado peruano alcanzaron tal propuesta, la misma que reconoce la responsabilidad del Estado peruano en la violación de normas del debido proceso reconocidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la necesidad de reparar el daño causado. Si bien el CNM señala en la comunicación que nos remite que no suscribieron la referida propuesta de solución amistosa porque estaban en desacuerdo con el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, dado que no era posible suscribir tal proyecto porque “desconocía los alcances normativos en ese entonces vigentes”, lo cierto es que justamente la propuesta del Estado peruano parte por reconocer que “el marco normativo que ha venido regulando la ratificación de jueces y fiscales en el Perú no se encontraba ajustado a la Convención Americana de Derechos Humanos”, al haber permitido la emisión de resoluciones sin motivación. Para el Estado peruano ello constituye una violación de las garantías del debido proceso. La verdad es que al parecer, en un inicio, el CNM no comprendía que el caso de los magistrados no ratificados se encuentra ante una instancia internacional del sistema interamericano de derechos humanos, que se rige por las normas de la Convención Americana, ante las cuales no es posible oponer normas legales internas, más aun si estas son violatorias de derechos fundamentales. Pese
a todo, el CNM nos comunica que deja constancia
que acatará en todos sus extremos la decisión
del Estado peruano (del cual hasta donde sabemos
es parte), con lo cual debería quedar resuelta
la situación de los magistrados que no fueron
ratificados, debiéndose establecer ahora los
mecanismos de la nueva evaluación. |