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Lima, 14 de julio del 2005 |
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La
súbita excarcelación de los hermanos Moisés y
Alex Wolfenson ha provocado la indignación de
la ciudadanía. La Primera Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema, y en particular
su cuestionado presidente, el vocal Robinson
Gonzáles Campos, están ahora en el centro de
la tormenta al haber acogido, con una celeridad
sospechosa, la solicitud de liberación por
exceso en el plazo de detención preventiva
presentada por los Wolfenson. Para
decretar la excarcelación, los magistrados
supremos se valieron de la ley 28568, que
equiparó irregularmente el arresto
domiciliario, la prisión preventiva y la pena
privativa de la libertad; ley de efímera
vigencia que el propio Congreso de la República
derogó en el lapso de una semana ante la presión
cívica surgida del escándalo de su promulgación,
y fue puesta en vigor para favorecer
indebidamente a los corruptos y otros
delincuentes. Con ello, la mencionada Sala Suprema incumplió su deber de inaplicar una ley que colisiona con la Constitución (control difuso de constitucionalidad previsto en el artículo 138 de la Carta Fundamental), al vulnerar el principio de igualdad y afectar el contenido esencial de las instituciones jurídicas “pena” y “régimen penitenciario”, constitucionalmente protegidas (ver: Comentarios a la Ley 28568 que modificó el artículo 47 del Código Penal). Esta
semana se ha conocido un conjunto de
iniciativas dirigidas a enmendar o sancionar el
desatino judicial, desatino que se suma a las
anteriores decisiones desacertadas del Congreso,
que aprobó la ley en una maniobra oscura; del
Ejecutivo, que no la observó pese al clamor de
la población; y, del presidente del Legislativo,
que la promulgó y ordenó su publicación de
manera precipitada. Así,
la Procuraduría Anticorrupción que lidera
Antonio Maldonado protestó fuertemente y anunció
la presentación de un recurso de nulidad contra
la resolución, indicando que, de no prosperar,
planteará una acción de amparo. A la vez, la
Procuraduría viene promoviendo la interposición
de una acción de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional. Por su parte, algunos
parlamentarios han iniciado los trámites de una
acusación constitucional ante el Congreso
contra los miembros de la Primera Sala Penal
Transitoria firmantes de la resolución. No
obstante, dada la situación límite a la que el
país ha llegado en materia de lucha contra la
corrupción, la cual languidece ante la
indiferencia de las autoridades, quizá la
medida de corrección más importante no sea
precisamente una de naturaleza jurídica o
propiamente judicial, sino una de orden moral y
cívico, a saber, la convocatoria, por el
prestigiado obispo emérito Luis Bambarén S.J.,
a una serie de movilizaciones ciudadanas para
exigir un nuevo impulso anticorrupción. La
primera de tales movilizaciones será este
martes 19 a las 4 de la tarde en el Paseo de los
Héroes Navales, significativamente frente al
Palacio de Justicia. Quizá la manifestación
directa de la ciudadanía haga reflexionar a las
autoridades de los tres poderes del Estado sobre
la necesidad de no seguir apañando los actos
corruptos, sino sancionarlos con prontitud y
justicia dentro de la Constitución y la ley. |