|
Lima, 11 de agosto del 2005 |
|
A
fines de julio, el Poder Ejecutivo ha presentado
un proyecto de ley sobre el “Proceso
de beneficios por colaboración eficaz y
sobre el sistema de protección de
colaboradores, agraviados, testigos y
peritos”, el mismo que, conforme al artículo
105º de la Constitución Nacional, debe ser
debatido en el Congreso con el carácter de
urgente. El
proyecto de ley 13398/2004-PE apunta a modificar
el ahora disperso tratamiento legal de los
beneficios premiales en materia de colaboración
eficaz (Ley 27378 para los casos de corrupción
y violaciones a los derechos humanos; Decreto
Legislativo 925 tratándose del delito de
terrorismo; y Ley 28008 para el tema de los ilícitos
aduaneros), intentando llenar los vacíos
existentes en la legislación actual (ausencia
de plazos para actuaciones del Ministerio Público
y el Poder Judicial), y pretendiendo superar las
deficiencias
en la aplicación del sistema
(incumplimiento en el otorgamiento de los
beneficios, falta de garantías para los
protegidos, filtración de información,
dispersión de las entidades policiales a cargo
de la investigación, comprobación y protección),
orientándola a resolver el problema de los
recursos necesarios para el funcionamiento del
sistema de colaboración. El
proyecto de ley plantea, de forma correcta, la
integración en un solo cuerpo normativo de los
beneficios premiales y, en consecuencia, un único
tratamiento legal y un único procedimiento para
la colaboración eficaz. Para ello, dispone la
entrada en vigencia de determinados artículos
del Código Procesal Penal, promulgado mediante
el Decreto Legislativo 957. El
proyecto plantea también la ampliación de los
beneficios a los condenados, básicamente a través
de la disminución de la pena. Razonablemente,
mantiene las prohibiciones de acogimiento
respecto a los dirigentes principales de las
organizaciones delictivas y las limitaciones
existentes sobre beneficios a los autores de
violaciones a los derechos humanos. Asimismo,
precisa a las personas objeto de las medidas de
protección (incluyendo, por cierto, a testigos
y peritos) e introduce mejoras en el ámbito de
su protección, perfeccionando el procedimiento
de revocación de los beneficios. Sería
interesante que en el debate parlamentario se
recojan algunas de las propuestas de la sociedad
civil (como la de la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos, por ejemplo) y que los fondos
del FEDADOI se destinen única y exclusivamente
a los casos de colaboración en temas de lucha
contra loa corrupción. |