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Lima, 18 de agosto del 2005 |
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El
inicio del juicio contra el grupo paramilitar
“Colina” (caso en que IDL patrocina a la
esposa de una de las víctimas) es, sin duda,
uno de los hechos más importantes en el proceso
de judicialización de violaciones contra los
derechos humanos en nuestro país. Catorce años
después de cometidos los crímenes más atroces
atribuidos a este grupo, finalmente casi todos
sus integrantes y promotores están sentados
frente a un tribunal para que rindan cuentas
sobre los crímenes de lesa humanidad
perpetrados bajo el manto del régimen
autoritario del prófugo Alberto Fujimori. Como
se sabe, luego de haberse iniciado cuatro
procesos judiciales diferentes por los casos de
la matanza de Barrios Altos, la desaparición y
ejecución de 9 estudiantes y un profesor de La
Cantuta, la desaparición del periodista Pedro
Yauri y de los pobladores de El Santa, se decidió
acumularlos y tener un solo megaproceso
de derechos humanos en el que se juzga a
todos los involucrados como operadores de un
solo plan criminal. Este
paso ha sido realmente fundamental para ordenar
el juzgamiento de estos crímenes y de esta
manera podemos dar cuenta que con este juicio se
está comenzando el más importante proceso
judicial en el sistema anticorrupción. Ello no
solamente por las penas de 35 años solicitadas
por la Fiscalía Penal Superior contra los
acusados Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza
Ríos, Julio Salazar Monroe, Santiago Martín
Rivas, y otras elevadas penas contra el resto de
los acusados, sino también porque los crímenes
del grupo “Colina” han significado casos
paradigmáticos de la lucha contra la impunidad
en el Perú y han sido la mejor demostración de
que el régimen fujimorista no solo fue
corrupto, sino que además desde el Estado
ejecutó una política de violación contra los
derechos humanos. El
hecho es que en el actual escenario político,
marcado desde hace varios meses por importantes
reveses de la lucha judicial contra la corrupción,
el inicio de este proceso resultaba fundamental,
ya que muestra con claridad la capacidad que el
sistema anticorrupción (y sus jueces
especialmente) aun mantiene para ser parte
esencial en la lucha por la justicia y contra la
impunidad del pasado. Ello
explica las diversas estrategias desplegadas por
la defensa de los procesados, todas ellas
dirigidas, primero, a impedir que llegue la
fecha del juicio; y, segundo, a frustrar el
inicio del mismo. Esas estrategias lideradas por
la defensa de Montesinos, de los ex jefes del
SIN y de Martín Rivas han sido especialmente
derrotadas. El juicio ya se instaló y con ello
se ha superado una etapa procesal
particularmente difícil en el caso. Ahora se
conoce más claramente cuáles serán los
movimientos de cada uno de estos actores. Corresponde
en lo sucesivo enfrentar un proceso de
interrogatorios que seguramente será largo,
pero al cual se llega con los suficientes
elementos de prueba que demuestran con solvencia
no solo la comisión de los crímenes sino también
la responsabilidad de los acusados. Ello
seguramente determinará la posibilidad de que
el juicio oral no se extienda de manera
innecesaria y que en unos cuantos meses se dicte
sentencia. |