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Lima, 25 de agosto del 2005 |
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Esta
semana se cumplen dos años de la entrega del
Informe final de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación (CVR), que propone a la Nación
una explicación de lo que nos pasó como país
para permitir el horror del conflicto armado
interno que acabó con la vida de casi 70,000
peruanos (según cifras estimadas por la CVR).
Es un informe extenso de nueve tomos en el que,
en gran medida, está escrita la historia real
de lo que pasó en el Perú durante esos años y
que aún está a la espera de su estudio y
amplia difusión. Si
bien Sendero Luminoso (SL) fue uno de los
principales responsables –y así se ha
encargado de señalarlo la CVR al calificarlo
como un grupo “genocida”–, ello de ninguna
manera justifica las masivas y graves
violaciones a los derechos humanos que se
cometieron contra la población civil inocente:
desapariciones y ejecuciones extrajudiciales,
torturas, violación sexual y detenciones
arbitrarias, que significaron, además, un grave
deterioro del Estado de Derecho: abdicación de
la autoridad civil frente a la militar,
tribunales sin rostro y estados de emergencia
“permanentes” en gran parte del territorio
nacional. Además
de todas las medidas de verdad, justicia y
reparación a favor de las víctimas (o sus
familiares) del conflicto armado interno, la CVR
entiende la reconciliación, no como el perdón
de los victimarios por parte de las víctimas
(ello es un proceso personal y voluntario), sino
como un nuevo pacto social: transitar de una
sociedad y un Estado excluyentes y con gran
desigualdad, pobreza y discriminación, a una
sociedad y Estado incluyentes y equitativos,
realmente democráticos, bajo el entendido que
la violencia se ensañó, especialmente, con los
más pobres y marginados de este país: el 75%
de las víctimas mortales fueron campesinos
quechuahablantes. ¿Hemos
avanzado en esa dirección en estos dos años?
Muy poco. Seguimos siendo, en esencia, una
sociedad discriminadora, fraccionada y
profundamente desigual. Seguimos teniendo un
Estado excluyente de grandes mayorías (por
ejemplo, los servicios de salud, educación o
justicia aún no están diseñados para nuestra
realidad multicultural y multilingüística) o
ausente e ineficaz en otros campos (por ejemplo,
la inseguridad ciudadana o la falta de justicia
y la sensación de impunidad). Pese al sostenido
crecimiento económico de los últimos años, no
“chorrea” y seguimos siendo la regla en América
Latina: la región del mundo con mayores índices
de desigualdad social y económica. En
gran medida, seguimos siendo el mismo país
fragmentado y desigual que permitió que un
grupo fundamentalista lo pusiera en jaque y que
toleró las masivas y graves violaciones de
derechos humanos contra “otros” peruanos y
la seria afectación de las garantías del
Estado de Derecho como precio por nuestra
seguridad. Expresión de ello son los violentos
–e injustificados, bajo todo punto de vista–
bloqueos de carreteras, la creciente –y
preocupante– influencia del narcotráfico en
diversos ámbitos públicos y privados, la
audiencia que tienen en algunos sectores
sociales y regionales propuestas políticas
claramente autoritarias como la etnocacerista o
la fujimorista, la corrupción en todos los
niveles, los linchamientos y, en general, la
virulencia con que en ocasiones se expresan las
demandas sociales. A
la vez, algo se ha avanzado, algo hemos cambiado
como país. Para comenzar, hemos tenido una
Comisión de la Verdad. Luego, pese a la
insuficiente voluntad política, el Gobierno de
Toledo creó la CMAN (Comisión Multisectorial
de Alto Nivel para el seguimiento de las
acciones y políticas del Estado en los ámbitos
de la paz, la reparación colectiva y
reconciliación nacional) que algo ha avanzado
en el tema de las reparaciones y en comprometer
a diversos sectores públicos en medidas de
reparación (salud, educación, economía, entre
otros), destinando 10 millones de soles para el
2005 y anunciando el Presidente de la República
100 millones de soles para el Presupuesto Público
2006, promesa que esperamos sea cumplida. Por
otro lado, pese a su precariedad y a la reforma
pendiente, el Ministerio Público y el Poder
Judicial vienen investigando los principales
casos de graves violaciones a derechos humanos
e, inclusive, han comenzado a juzgarlos públicamente
(Grupo Colina, MRTA, Castillo Páez, entre
otros); hay que destacar que los tribunales que
vienen juzgando estos casos están integrados
por magistrados con buena trayectoria y que
inspiran confianza ciudadana. La Ceriajus
(Comisión Especial de Reforma Integral de la
Administración de Justicia) también contribuyó
a este propósito al incluir –como parte del
Plan de reforma integral de la justicia–
algunas de las recomendaciones de la CVR sobre
la “judicialización” de los casos de
derechos humanos, como jueces y fiscales
especializados para el juzgamiento de estos
casos, el respaldo al Plan Nacional de
Exhumaciones y a un sistema de protección de víctimas
y testigos. Por
su parte, el Congreso ha aprobado algunas leyes
que dan cumplimiento a algunas de las
recomendaciones de la CVR, entre las que cabe
destacar la reciente aprobación de la Ley
28592, que establece el Plan Nacional de
Reparaciones y crea el Consejo de Reparaciones,
encargado del Registro Único de Víctimas, paso
fundamental para la reparación no sólo
colectiva sino también individual de las víctimas.
En el caso del Tribunal Constitucional, ha
contribuido con dos sentencias a re-conducir a
los tribunales militares dentro de los cauces y
exigencias del Estado de Derecho. Finalmente, la
Defensoría del Pueblo también ha impulsado
diversas iniciativas para dar cumplimiento a las
recomendaciones de la CVR. Pero
aún falta mucho, no sólo para hacer justicia y
reparar debidamente a las víctimas y sus
familiares, sino para un nuevo “pacto
social” de una sociedad y un Estado más
equitativos e inclusivos. En ese sentido, los
partidos políticos tienen una agenda pendiente
de reflexión y compromisos en torno a lo que
propone la CVR, más allá de discrepancias
ideológicas o de casos judiciales concretos.
Asimismo, el sector empresarial debería tomar
el informe de la CVR como una oportunidad para
mejorar la estabilidad democrática y, por ende,
la seguridad jurídica para sus inversiones. De
parte de las Fuerzas Armadas, deberían superar
el mal entendido espíritu de cuerpo que aún
persiste en relación a los crímenes de
derechos humanos que cometieron algunos de sus
miembros y que están muy lejos de lo que
realmente es la función militar. Así
que a la clásica interrogante de si el vaso está
medio lleno o medio vacío en relación al
cumplimiento de las recomendaciones de la CVR,
podemos decir que agua tiene pero, de lejos, no
la suficiente. Algo de agua por todo lo
avanzado, que no es poco. Pero absolutamente
insuficiente porque la pobreza que a diario
vemos en las calles nos hace recordar, una y
otra vez, que aún nos falta mucho para ser un
país más justo, igualitario e inclusivo. Muchísimo
aún. |