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Lima, 25 de agosto del 2005 |
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Ad portas de la presentación al Congreso del Proyecto de
Presupuesto General de la República, hemos
asistido a un fuerte debate en los medios de
comunicación respecto del pedido del Poder
Judicial (PJ) de duplicación de los recursos a
él asignados. Recordemos que una sentencia del
Tribunal Constitucional determinó que la
propuesta presupuestal que formule este poder
del Estado no podía ser modificada por el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para
lo cual se exhortaba al Congreso a debatir y
aprobar una Ley de Coordinación entre el PJ y
el MEF, y al PJ a elaborar su presupuesto a
partir del establecimiento de una política
judicial de corto, mediano y largo plazo. La
discusión se inició con las explosivas
declaraciones del Premier en CPN Radio, el
viernes 19, en las que sostuvo que “el Poder
Judicial consiguió del Tribunal Constitucional
un fallo diciendo que tenía total autonomía
presupuestaria, entonces que cobre tarifas,
impuestos para financiar su presupuesto porque
han enviado un proyecto con un aumento de 600
millones de soles, casi 200 millones de dólares,
para el año que viene. ¿Cómo se va a
financiar eso? No lo sé. Y si realmente son autónomos,
que busquen sus propios recursos. Yo no sé cómo
en un país podemos tener este tipo de autonomías
donde se le pide al Ministerio de Economía y
Finanzas dinero pero no hay ningún control
sobre cómo se financia ese gasto”. Más
allá de la inmediata respuesta del Poder
Judicial contestando alturadamente a tales
declaraciones, la prensa se hizo eco de los
argumentos de fondo, llegando a editorializarse
en El Comercio bajo el elocuente título “Para qué un mayor
presupuesto si la reforma no camina”
(24 de agosto).
Esta importante opinión mediática concluye
afirmando que “en este contexto en que no se
aborda seriamente la autorreforma ni los
proyectos de la CERIAJUS, sería una
irresponsabilidad pedir más dinero (1,157
millones contra 700 aprobados por el Ejecutivo)
sin saber en qué se va a usar. Hacerlo en gasto
corriente, sueldos y más burocracia sería
volver a lo mismo”. Al
respecto, desde el Consorcio Justicia Viva hemos
venido sosteniendo, de tiempo atrás, algunos de
los términos del reanimado debate (ver sección
especial sobre Presupuesto
Judicial): hacían falta coordinaciones
serias (con ley o sin ella) entre los poderes
Ejecutivo y Judicial para que el reconocimiento
de la iniciativa presupuestal del PJ sea
coherente con los principios constitucionales de
equilibrio presupuestal y eficiencia en el gasto
(artículos 77 y 78), y no termine en la
formulación de un presupuesto inviable por
excesivo. Había que evitar el peor escenario:
el de una ausencia total de coordinación entre
el PJ y el MEF, puesto que allí predominarían
las “estrategias”
particulares, y el resultado sería dejar en
manos del Congreso la opción entre dos
alternativas extremas: un pedido exorbitante o
dejar las cosas tal como están, planteándole
al Congreso que decida a qué pliego le reduce
los ingresos para cubrir lo solicitado por el
PJ. Al
mismo tiempo, resultaba imprescindible que en el
proyecto que elaboraba el PJ quedaran muy
claramente establecidos los planes de reforma a
implementar, puesto que pretender que se le
otorguen mayores recursos, en desmedro de
sectores como salud, educación o seguridad
ciudadana, no era viable sin un plan de mejora
del servicio de justicia muy detallado y con
resultados concretos y medibles. Para ello no se
estaba en pañales, sino que existían
importantes iniciativas como el Plan aprobado unánimemente
por la CERIAJUS que podrían dar pautas específicas. Finalmente,
las cosas anduvieron a su antojo, y comenzamos a
observar las múltiples escaramuzas que se irán
sucediendo en el tira y afloja que sostendrán
el PJ y el MEF. Sin duda, no era ni es lo
deseable, por lo que queda hacer votos por que
se inicie una negociación informal a tres
bandas que sustraiga de la comidilla pública
este relevante tema y permita que se continúe
consensuadamente con la tendencia de crecimiento
de los recursos entregados al PJ (que fueron de
462 millones de soles en el 2001 a 635 en el
2005), teniendo como norte claros hitos a
conseguir en la mejora del servicio de justicia. |