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Lima, 22 de septiembre del 2005 |
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Personal
-léase matones- contratado por los empresarios
Rafael López Aliaga Cazorla y Lorenzo Souza
Debarbieri, se enfrascaron en una violenta
batalla campal, unos por mantener y otros por
recuperar la administración de la empresa Perú
Holding Turismo S.A. Ambos grupos esgrimían los
mismos derechos, amparados en sendas
resoluciones judiciales que les daban la razón
y les autorizaban la administración de la
empresa. Como
sabemos, las medidas cautelares tienen como
finalidad asegurar
el cumplimiento de los fines del proceso.
Lamentablemente, este hecho ha demostrado, una
vez más, el mal uso que se hace de este
mecanismo tutelar, que deviene en medidas
contradictorias cuando ambas partes en conflicto
obtienen amparo judicial por decisiones de
diferentes jueces. Asimismo, esta situación
expresa la forma cómo actúa la defensa de las
partes en conflicto: el objetivo es lograr ganar
el caso, ¿el medio? cualquiera que sea. Al
respecto el abogado Juan Monroy Gálvez señaló
que una de las estratagemas más frecuente de
las partes enfrentadas es recurrir a juzgados de
distintas jurisdicciones con el fin de obtener
una medida judicial que les permita, por
ejemplo, asumir el control de un bien, aunque no
necesariamente hayan iniciado un proceso legal.
“Se está usando la medida cautelar como un as
bajo la manga”, comentó (El
Comercio, 17/09/05). Si
bien la solicitud de las medidas corresponde a
las partes en conflicto, la dación de las
mismas es potestad de la magistratura. Son los
magistrados quienes, en algunos casos, con pleno
conocimiento de la estrategia judicial planteada
por las partes, acceden a las mismas de manera
irregular. Como sabemos, un caso como el de Perú
Holding Turismo S.A., no es el único de los últimos
años, basta con recordar el conflicto entre dos
socios de Panamericana Televisión, quienes
vivieron el mismo conflicto amparados en sendas
medidas cautelares otorgadas por el Poder
Judicial. Todo
esto ocurre en un escenario de gran desaprobación
ciudadana del Poder Judicial. Esperemos que este
nuevo caso sea profundamente investigado por las
autoridades pertinentes (OCMA y CNM) y el
Colegio de Abogados de Lima, y que tanto
magistrados como abogados que resulten
responsables, sean ejemplarmente sancionados. |