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Lima, 22 de septiembre del 2005 |
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La
Sala Penal Especial de la Corte Suprema de
Justicia ha dado un paso adelante en la lucha
anticorrupción, al señalar fecha (este 14 de
octubre) para el inicio del juicio oral de los
ex integrantes del Jurado Nacional de Elecciones
(JNE). Así, Rómulo Muñoz Arce, Ramiro
Valdivia Cano, Luis Serpa Segura, José Bringas
Villar y Walter Hernández Canelo serán
interrogados y confrontados por haber puesto al
JNE en manos del prófugo Alberto Fujimori (La
República, 17/09/05). Recordemos
las razones por las que serán sometidos a
juicio oral: a Muñoz Arce se le imputa haber
recibido “$10,000, visa, pasaje aéreo a USA y
ofrecimiento de bolsa de viaje de $5,000 durante
medio año para su hija”, además de solicitar
“otros beneficios para familiares”, todo
ello a cambio de promover la tercera e
inconstitucional reelección de Fujimori. Por
tal razón, los cargos contra él (y Walter Hernández
Canelo) son los de abuso de autoridad, corrupción
pasiva y asociación ilícita para delinquir;
mientras que a los demás procesados, se les
imputa agrupación ilícita y abuso de autoridad
(Informe
de la Procuraduría
Ad Hoc
Anticorrupción, julio de 2005), ya que
entre todos ellos habrían coordinado y
colaborado para frustrar la convocatoria a un
referéndum en 1998, además de apoyar
ilegalmente en las elecciones municipales de
1999 a “Vamos Vecino”. A
raíz de ello, la Fiscalía ha solicitado para
Muñoz y Hernández 15 y 11 años de cárcel
respectivamente, mientras que para Serpa,
Bringas y Valdivia, 8 años. La reparación
civil solicitada asciende a la suma de 26
millones de soles y se fundamenta en el daño
causado al Estado como consecuencia de la
infracción al deber constitucional de asegurar
elecciones limpias e imparciales y administrar
justicia (independiente) en materia electoral. Por
otro lado, se ha hecho público que la Fiscalía
Superior ha solicitado 8 años de prisión a
Eduardo Calmell del Solar. El prófugo ex
director de Expreso, quien rehuye a la justicia luego de imputársele haber
recibido dinero de Montesinos, participar en la
venta de acciones de Cable Canal de Noticias
(CCN) y apoyar la reelección de Fujimori a través
de su
diario, estuvo en prisión hasta julio
del 2002, pero aprovechó el Habeas
Corpus concedido a su favor para fugarse.
Hasta la fecha, no se ha conseguido
extraditarlo, pero sin duda la solicitud del
Ministerio Público es un importante avance
procesal (El
Comercio, La
República, 22/09/05). Finalmente,
ha trascendido que los abogados de la empresa
Lucchetti evalúan la posibilidad de demandar al
Estado peruano ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (El
Comercio, Perú.21, 22/09/05), por una supuesta discriminación y ensañamiento
por “ser chilenos”, la
misma que -según la defensa- se infiere de la
emisión de determinadas resoluciones judiciales
vinculadas al tema de la prescripción; el mismo
que, por cierto, fue resuelto con base en
estrictos argumentos jurídicos y no en
supuestas razones discriminatorias por la
nacionalidad, tal como lo señaláramos
anteriormente en este portal (ver: Lucchetti,
Manuel Delgado Parker y la prescripción). En
todo caso la empresa tiene, evidentemente,
derecho de ejercer la defensa que crea
conveniente en relación al tema de la
prescripción y otros tales como la competencia
de la Primera Sala Penal Especial en el juicio
oral (ver: comunicado
de la defensa legal de Lucchetti);
pero a la par no debemos obviar las decisiones
razonables que ya ha tomado la judicatura en el
tema anticorrupción. |