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Lima, 13 de octubre del 2005 |
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La
Constitución prevé, en su artículo 151, que
la Academia de la Magistratura (AMAG) se encarga
de la formación de jueces y fiscales para
efectos de su selección. En ese sentido, el
inciso c) del artículo 22 de la Ley Nº 26397,
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la
Magistratura (LOCNM), exigía que para postular
a un cargo en el Poder Judicial y Ministerio Público
se requería haber aprobado el Programa de
Formación de Aspirantes (PROFA) de la AMAG. Sin
embargo, este requisito fue suspendido por la
Ley Nº 27466 durante el lapso de 3 años
contados a partir del 30 de mayo de 2001. De
ese modo, a fines de mayo año pasado, terminó
el plazo de suspensión del requisito de aprobar
los estudios de la AMAG para poder postular a
cualquier cargo de magistrado, lo que dio paso a
un conjunto de iniciativas dirigidas a renovar
tal suspensión por considerar todavía
inconveniente esta exigencia para la postulación
de destacados juristas. En tal sentido, el
propio Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
planteó el proyecto de ley Nº 10442/2003-CR,
en el que se suspendía por 2 años más la
entrada en vigencia de tal requisito. Como
muestra palpable de los efectos de tal
exigencia, el CNM se dirigió a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la
República, el 20
de setiembre pasado, pidiéndole que se someta a
debate con prioridad el citado proyecto de ley,
puesto que en la última convocatoria para
magistrados supremos el número de postulantes
era totalmente reducido si es que se comparaba
con las anteriores. El
contexto, además, apunta en la misma dirección,
habida cuenta que el PROFA pretende llenar un vacío
en la formación de los jueces que está
regulado con mucha mayor profundidad y
pertinencia en los proyectos de ley de carrera
judicial que se encuentran en el Congreso, y
cuyas bases fueron aprobadas por unanimidad por
la CERIAJUS. Ello
se torna aún más grave si vemos que, más allá
del cuestionado concurso para magistrados
supremos, el CNM ha convocado, a solicitud del
Poder Judicial, un nuevo procedimiento para
nombrar casi 250 jueces (ver:
Convocan
a nuevo concurso de selección de magistrados,
Vocales
Supremos: aprueban (casi) sin examen escrito,
Suprema
selección de magistrados: saque usted sus
propias conclusiones). En
ese sentido, resulta muy razonable la aprobación
de la norma que suspenda nuevamente el PROFA,
acompañándola de la discusión final de la ley
de carrera judicial, de manera que se pueda dar
una solución integral al tema, al no descuidar
el componente cualitativo de quienes van a
ejercer tan importante función. Sólo de esa
manera podría replantearse la asignatura de la
selección de magistrados en marcha y generar
las condiciones para que se pueda convocar y
elegir a los más aptos. La
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del
Congreso tiene la palabra, por lo que esperamos
que sus integrantes se hagan cargo de un
tema verdaderamente relevante, generando las
condiciones para que el componente humano de la
justicia sea elegido entre los mejores. Además
de ello, se estaría permitiendo la implementación
de una reforma verdaderamente estructural: la
carrera judicial, que se regulará
legalmente por primera vez en nuestra historia.
Es cuestión de compromiso con la solución de
los problemas de nuestra justicia. |