|
Lima, 13 de octubre del 2005 |
|
Es
muy grave lo que viene sucediendo con los
testigos, familiares de las víctimas, peritos y
jueces involucrados en el esclarecimiento de las
violaciones a los derechos humanos, ya que en el
caso de los primeros sus vidas corren peligro,
habida cuenta de las diversas amenazas
formuladas en su contra. A la par, en los
procesos judiciales (y de acuerdo con el Informe
Defensorial Nº 97, cuya parte pertinente al
tema ahora comentamos como segunda entrega), los
jueces y fiscales no les están dando la
protección debida, y las acciones para
efectivizar su resguardo así como el Proyecto
de Ley dirigido a establecer un sistema
organizado de protección, han quedado
estancados. Urge que las autoridades tomen
cartas en el asunto, de lo contrario, el proceso
de judicialización se verá inevitablemente
afectado en materia probatoria, y lo que suceda
con la integridad de los testigos y demás,
puede convertirse en responsabilidad del Estado
por omisión. El
Informe Defensorial revela que en los procesos
judiciales, a pesar de existir un marco legal
sobre la materia: (i) hay “renuencia o
desconocimiento por parte de algunos fiscales y
jueces para aplicar las medidas de protección”,
(ii) existe “deficiente ejecución o
ineficacia de las medidas dispuestas”; por
ejemplo, se hace referencia al nombre de los
testigos en el expediente cuando ello es
reservado, o el que las medidas ordenadas no se
cumplan. Tengamos en cuenta que, en este 2005,
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha
registrado 45 hechos de intimidaciones y ataques
contra testigos, colaboradores eficaces y
familiares de las víctimas, defensores de los
derechos humanos (los ex comisionados de la CVR,
la fiscal Cristina Olazábal y el juez Willy
Ayala, entre otros), además de las amenazas
contra tres peritos que trabajan las
exhumaciones del Caso “Los Cabitos” (La
República, 13/10/05). Ante
esta situación, es necesario que las
autoridades sigan la agenda que la Defensoría
ha propuesto en su Informe, e implemente un
sistema de protección a los testigos hasta
ahora inexistente: (i) la Comisión de Justicia
y Derechos Humanos del Congreso de la República
tiene la tarea de dictaminar el Proyecto
de Ley N° 13398 (decretado a la misma
desde el 08 de agosto pasado), y el Pleno del
Congreso, de aprobar la ley (ver: Hacia
una nueva ley de colaboración y protección
eficaz), y (ii) la Fiscal de la Nación,
a propuesta de la Fiscal Superior Coordinadora
(que es la responsable de supervisar el tema de
protección a testigos), y de las autoridades
del Poder Judicial, debe señalar directivas de
actuación fiscal y judicial referidas, entre
otros temas, a la calificación de la situación
de peligro del solicitante de protección, las
medidas apropiadas en función de la situación
del solicitante (recordando que la razón de la
protección es la situación y caso en que se
encuentra inmerso, y no la importancia de la
información que brinde), la protección de los
familiares (ya que la seguridad de éstos también
puede verse afectada), el aporte económico para
las labores de protección, etc. Mientras
tanto, y debido al estado de la situación, este
lunes 17 se presentarán los casos ante la
Unidad de Protección a Defensores de DDHH de la
OEA y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en Washington, donde justamente se
expondrá el estado de las recomendaciones de la
CVR (La
República, 13/10/05). Ello es, justamente,
un signo más que nuestro sistema interno está
fallando, y que es urgente comenzar a
efectivizar la agenda propuesta, para no dejar
que se nos pase la oportunidad de hacer
justicia. |