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En este 123° Periodo Anual de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nuestro país ha tenido una especial atención. El 17 de octubre, se llevaron a cabo dos audiencias públicas, una para conocer el avance de la reforma judicial en el Perú y otra para examinar el grado de implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). A la vez, también la CIDH realizó, el 19 de octubre, una reunión de trabajo sobre la denuncia presentada por un grupo de magistrados no ratificados.
Las dos audiencias realizadas fueron interesantes y positivas para el avance de los derechos humanos en el Perú. Participaron en éstas tanto representantes del Estado peruano como miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Consorcio Justicia Viva y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
En relación al diálogo que se sostuvo con la CIDH y con el Estado en torno a la situación actual del sistema judicial en el Perú, hay que destacar en primer término que, por primera vez, se realiza una audiencia sobre el tema y, en segundo lugar, tanto la CIDH como el Estado peruano se mostraron receptivos en torno a los tres puntos que, debido a su especial relevancia, se plantearon en la exposición: (i) justicia militar; (ii) el problema de la provisionalidad en la Corte Suprema de Justicia; y, (iii) la independencia de los jueces y la necesidad de una ley de carrera judicial (ver:
Exposición ante la
CIDH). Al respecto, los integrantes de la delegación peruana de los organismos de Derechos Humanos realizaron seis peticiones a la CIDH:
(i)
Realizar un seguimiento especial y acompañar el proceso de evolución del sistema de justicia en el Perú. Específicamente pidieron que la CIDH en su próximo Informe Anual, incluya un análisis de la situación del sistema de justicia en Perú, que contenga recomendaciones que atiendan los problemas actuales de la justicia peruana.
(ii) Exhortar al Estado peruano para que el Consejo Supremo de Justicia Militar decline la competencia que irregularmente ha asumido en causas abiertas contra miembros de las Fuerzas Armadas por violación de derechos humanos, y transfiera los casos a la justicia común.
(iii) Expresar al Estado peruano su preocupación por el dictamen sobre el Código de Justicia Militar aprobado por la Comisión de Defensa del Congreso, por cuanto desconoce el mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional.
(iv) Exhortar al Estado peruano a que, con el fin de eliminar el 74% de provisionalidad existente entre los jueces de la Corte Suprema, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial determine el número de salas supremas permanentes, y el Consejo Nacional de la Magistratura seleccione y nombre a los jueces supremos titulares que deben integrar dichas salas.
(v) Exhortar al Congreso peruano a que apruebe una ley de carrera judicial que garantice un proceso adecuado de selección, formación y promoción, así como de evaluación del desempeño de los jueces, ajustado a los estándares internacionales en materia de independencia de la judicatura.
(vi) Exhortar al Estado peruano, concretamente al Consejo Nacional de la Magistratura, a que se abstenga de realizar, con las reglas actualmente vigentes, concursos de selección y nombramiento de jueces y fiscales, especialmente para la Corte Suprema de Justicia.
Respecto a lo señalado por la sociedad civil, los representantes del Estado mostraron su conformidad con el análisis realizado, indicando que se trató de una exposición ponderada y objetiva. Y, a la vez, coincidieron en la necesidad de que la CIDH realice un seguimiento al tema de la administración de justicia en Perú.
Por otro lado, en la audiencia sobre la CVR, se expuso de manera abierta las amenazas de muerte de la que vienen siendo objeto los ex comisionados. Ante esto el Ministro de Justicia, presente en la audiencia, se comprometió a brindar protección a Salomón Lerner y a atender toda esta problemática en el menor tiempo posible.
En tanto, en la reunión de trabajo realizada con un grupo de magistrados no ratificados, se convino en un plazo de 3 meses para que tanto el Estado peruano como los peticionarios negocien un nuevo borrador de acuerdo, dada la nueva jurisprudencia que el Poder Judicial está emitiendo. De otro lado, en dicha reunión se denunció que algunos jueces que acogieron las acciones de amparo presentadas por los magistrados no ratificados, vienen siendo denunciados ante Oficina de Control de la Magistratura o están siendo procesados ante el propio Poder Judicial.
Sin lugar a dudas, lo solicitado a la CIDH son asuntos de primer orden. Esperemos que la Comisión Interamericana emita un pronunciamiento sobre las peticiones realizadas y que el Estado peruano cumpla con lo que se comprometió durante las sesiones.
(Lilia Ramírez Varela)
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