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Lima, 20 de octubre del 2005 |
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Las
violaciones de derechos humanos son delitos que
deben ser vistos por el fuero común y no por el
fuero militar. Una de las razones es que los
bienes jurídicos vulnerados no están dentro de
la lista de los considerados “delitos de función”.
Pero a pesar de la claridad y contundencia de
este argumento jurídico, la justicia militar
viene investigando y solicitando información a
la Defensoría del Pueblo sobre casos de violación
a los derechos humanos que ya se encuentran
judicializados, afectando de manera grave e
ilegal lo ya señalado por el Tribunal
Constitucional (TC), la Corte Suprema de
Justicia (CS) y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH). En
efecto, y como bien señala el Informe
Defensorial Nº 97 (cuya tercera entrega
efectuamos), ya el TC, la CS y la Corte IDH se
han pronunciado sobre la imposibilidad de que la
justicia militar juzgue estos casos (ver
los fallos). Sin embargo, y en clara contradicción con lo ya
establecido, la justicia militar pretende
hacerlo, mediante acciones (como pedidos de
información e investigaciones por parte de
instancias como la Vocalía de Instrucción del
Consejo Supremo de Justicia Militar) que en su
mayoría fueron iniciadas a solicitud de los
presuntos responsables. De
este panorama se puede desprender que lo que se
busca es la resolución rápida de los casos en
el fuero militar (recordemos que lo iniciado en
este fuero son “sumarias investigaciones”),
“para que –posteriormente- los presuntos
responsables puedan entablar una excepción de
cosa juzgada, si es que se inician procesos
penales en el fuero común”. Excepciones que,
por cierto, jurídicamente no deben dar fruto,
ya que la Corte IDH ha declarado (en el Caso
Barrios Altos) que son inadmisibles las
disposiciones que pretendan impedir la
investigación y sanción de los responsables,
disposiciones entre las que se encuentra, por
supuesto, la cosa juzgada, “máxime cuando las
investigaciones y los procesos judiciales se
llevan a cabo en un fuero claramente
incompetente”, como bien indica el Informe
Defensorial. Siendo
ésta la situación, es imprescindible que se
reafirme en todos los terrenos que los casos que
se ven en el fuero civil deben continuar en él.
Son 11
casos de la CVR los que el fuero militar
pretende investigar, según el informe, y
que, de no hacer las autoridades ahora lo
pertinente (como el inicio de las respectivas
contiendas de competencia), pueden terminar
cayendo en la impunidad, a pesar de contar ya
con fallos de naturaleza vinculante del TC y la
CS. La justicia militar debe redefinirse y, sin
lugar a duda, el cese en las investigaciones de
casos sobre violaciones a derechos humanos dará
buena cuenta de la materialización o no de tal
situación. |