|
Lima, 03 de noviembre del 2005 |
|
El
miércoles 26 de octubre se inició el
interrogatorio a los oficiales y subalternos del
ejército peruano acusados de cometer una serie
de delitos de violación a los derechos humanos,
en el juicio oral que se les sigue a los
presuntos integrantes del grupo Colina. El
primero en ser interrogado fue el general (r)
Nicolás de Bari Hermoza Ríos, quien ante las
preguntas del representante del Ministerio Público
y de la parte civil, argumentó que, en virtud
de lo dispuesto por la Constitución, la
Convención Americana y el Código de
Procedimientos Penales, iba a mantenerse en
silencio con relación a las preguntas que se le
hicieran. Se iniciaba así la estrategia de
silencio que ha sido seguida el día 2 de
noviembre por otro de los principales implicados
en este caso, el general (r) Julio Salazar
Monroe, quien acotó que guardaba silencio hasta
que la Corte Suprema resuelva la recusación
planteada contra la Primera Sala Superior
Anticorrupción que preside la doctora Inés
Villa e integran las magistradas Inés Tello e
Hilda Piedra. Como
hemos señalado en nota anterior (ver:
A
dos meses del inicio del juicio al grupo Colina),
los militares acusados de pertenecer al grupo
Colina han venido realizando un conjunto de
acciones orientadas a demorar el inicio de los
interrogatorios en el juicio oral en el que
tienen que responder por los graves crímenes
que se les imputa. Al habérseles acabado el
tiempo para ello, han iniciado una nueva
estrategia, la de permanecer en silencio y no
responder las preguntas que le formule el Fiscal
Superior, la Sala Penal y la parte civil.
Repiten a pie juntillas la estrategia
implementada por –al parecer todavía su líder–
Vladimiro Montesinos Torres, quien observó
similar comportamiento en varios de los procesos
por corrupción que se le han seguido ante el
sistema penal especial. Esta
estrategia del silencio, implementada por los
altos mandos militares, empata con la decisión
del Consejo Supremo de Justicia Militar de
iniciar, de forma paralela al sistema de
justicia penal ordinario, un conjunto de
procesos judiciales a oficiales superiores de
las fuerzas armadas acusados de cometer graves
violaciones a los derechos humanos (ver: Grave
e ilegal insistencia de la justicia militar en
juzgar violaciones a los derechos humanos). Estrategia
a la que se suma la actitud del Comité de
Selección de Ascensos de las Fuerzas Armadas
que hace pocos días ha publicado en el diario El Peruano la relación de los oficiales de las tres instituciones
de las fuerzas armadas que ascenderán desde el
1° de enero del 2006, y entre los que destaca
la promoción a coronel EP del hasta hoy
comandante Máximo Humberto Cáceda Pedemonte;
el mismo que se encuentra acusado de asociación
ilícita y complicidad en el delito de homicidio
calificado y tentativa del mismo, en relación
al crimen múltiple perpetrado en Barrios Altos.
El Fiscal Superior ha solicitado una sanción de
quince años de pena privativa de la libertad y
el pago de una reparación civil de 100,000
nuevos soles. Ante ello, cabe preguntarse: ¿son éstos los oficiales que merecen ser ascendidos?, ¿desde cuándo es mérito de ascenso el estar en condición de acusado de cometer graves violaciones a los derechos humanos? El Comandante General del Ejército y el Ministro de Defensa deben absolver estas interrogantes. Han
transcurrido dos años desde que la Comisión de
la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó a los
tres Poderes del Estado y a todo el país su
Informe Final. En él se plantea, con total
reconocimiento de la situación de violencia
vivida en los veinte años de estudio, la
necesidad de que las víctimas de tan graves
casos de violaciones a los derechos humanos
obtengan la tan esperada justicia como parte de
un necesario y urgente proceso de reparación
integral. El caso del grupo Colina, materia de
juzgamiento por la Primera Sala Superior
Anticorrupción, es uno de esos importantes y
trascendentales casos. Por
ello, en uso de nuestro legitimo derecho a la
indignación ciudadana no podemos
permitir que los perpetradores de los
casos de muerte y desaparición en Barrios
Altos, La Cantuta, El Santa y Pedro Yauri, sigan
implementando estrategias que buscan dilatar el
proceso y sigan obteniendo en ese camino el
respaldo institucional de las Fuerzas Armadas,
las cuales pertenecen a todos los peruanos y no
solo a los oficiales y suboficiales que las
integran. Ahora más que antes debemos
mantenernos vigilantes y dar respaldo ciudadano
al valioso trabajo que viene realizando la
Primera Sala Superior Anticorrupción. |