El martes 8 de noviembre se publicó en El Peruano la Resolución Administrativa Nº 258-2005-CED-CSJLI/PJ (ver: texto completo), mediante la cual el Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Lima establece el traslado temporal de los seis Juzgados Penales Especiales, que están ubicados en el edificio “Alimar”, al 2° piso de la sede judicial “Anselmo Barreto” (lugar en el que despachan los Juzgados y Salas Penales con reos en cárcel). El objetivo de dicho traslado es el de ubicar en dichos ambientes de “Alimar”, de manera provisional, a las tres Salas Penales Especiales, las Salas 4ta., 5ta. y 6ta., recientemente constituidas (ver: Conforman 3 nuevas salas anticorrupción: ¿quiénes son los escogidos?).

Una de las constantes demandas de la ciudadanía con relación al sistema anticorrupción, del cual forman parte los jueces, fiscales y procuradores, es que estas instituciones y el personal integrante de las mismas, pueda contar con las capacidades, servicios y garantías mínimas para que puedan realizar un trabajo adecuado, capaz, oportuno y seguro. Es por ello que nos asombra y a la vez preocupa la resolución administrativa emitida por el Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Lima, que preside la Vocal Superior María Zavala Valladares, ya que en vez de consolidar el trabajo que realizan los magistrados anticorrupción, está separando a los jueces de los vocales, estableciendo que los seis magistrados, el personal judicial a su cargo y los expedientes en proceso de investigación, sean trasladados a unos ambientes en los que no existen reales garantías de seguridad y protección.

Desde Justicia Viva estamos, de manera permanente, insistiendo en la necesidad de consolidar el sistema anticorrupción, hemos sido críticos de los desaciertos y defensores de los importantes avances que viene dando el sistema penal especial. En esta oportunidad levantamos nuevamente nuestra voz de preocupación frente a un hecho que merece la atención de todas aquellas personas que seguimos creyendo en las reales posibilidades de obtener una mejor justicia y por lo tanto un mejor sistema judicial.

La división física de la justicia especializada anticorrupción, planteada por el Consejo Ejecutivo Distrital, no significa un avance del sistema, sino más bien un retroceso del mismo. Ya que en la práctica están desvistiendo un santo para vestir a otro. Cuando el objetivo debe ser fortalecer el sistema contando con un mejor y mayor ambiente en donde se pueda incorporar a las tres nuevas Salas Anticorrupción, además de contar con un número mayor de ambientes para el juzgamiento de los procesados, para guardar o archivar los expedientes y para la lectura de los mismos por parte de la defensa. Esa debe ser la prioridad inmediata del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Lima. Es urgente una enmienda.
(Antonio Salazar García)