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Lima, 10 de noviembre del 2005 |
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Esta
semana se hizo pública una alarmante cifra
sobre denuncias por corrupción contra
funcionarios del actual régimen gubernamental.
Según el informe presentado por el Dr. Pablo Sánchez
Velarde, Fiscal Superior para casos de corrupción,
a la recientemente juramentada Fiscal de
la Nación, Dra. Adelaida Bolívar, sólo en lo
que va del 2005 se han denunciado 284 presuntos
actos de corrupción en contra de una serie de
funcionarios públicos. Lo más grave es saber
que 24 de esas denuncias ya fueron formalizadas
ante el Poder Judicial, 150 denuncias estarían
en proceso de investigación y solamente 9 habrían
sido archivadas, lo que estaría indicando que
en la mayoría de casos existirían indicios
suficientes sobre la comisión de los delitos
relacionados con actos de corrupción. Según
el informe presentado, entre los acusados ante
el Poder Judicial estarían el congresista
oficialista Jesús Alvarado por encubrir la fuga
de la testigo clave en la falsificación de
firmas Carmen Burga, los implicados en el caso
CONAPA en los que está citada como testigo
Eliane Karp, el ex asesor de Fernando Olivera, César
Ortiz Anderson, acusado de extorsionar a
internos procesados por delitos de corrupción.
El presidente de PromPerú, Carlos Zamorano,
también sería uno de los denunciados por la
irregular contratación de la ex miss Perú,
Claudia Hernández. Las
cifras dan cuenta sólo de las denuncias
presentadas durante este año. Si sumamos las
que fueron promovidas durante los años pasados
y las que seguramente se producirán en lo que
queda de éste y del próximo año, podríamos
estar hablando de un número considerable de
funcionarios públicos involucrados en presuntos
actos de corrupción. Adicionalmente,
resulta lamentable que después de transcurridos
más de 4 años desde que se iniciaran los
procesos por delitos atribuibles a la red
mafiosa del gobierno de Fujimori, éstos aún no
hayan concluido en su mayoría, lo cual nos
lleva a preguntamos para cuándo tendremos
resultados en los procesos penales instaurados a
los funcionarios involucrados en actos de
corrupción del actual gobierno. La lentitud con
la que operan los órganos de justicia preocupa
sobremanera, pues el mensaje que envía a la
ciudadanía es el de impunidad. Esperemos que el
Poder Judicial recupere de manera pronta el
tiempo perdido y responda con eficiencia frente
a los casos de corrupción denunciados. Los
peruanos, dueños de nuestra propia democracia,
exigimos que los corruptos de ayer y hoy sean
sometidos a los tribunales y rindan cuentas por
su deslealtad con nuestra
nación. |