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Lima, 10 de noviembre del 2005 |
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Esta
semana hemos tomado conocimiento que la Cámara
de Comercio de Lima (CCL) ha firmado un convenio
con la Contraloría de la República denominado
“Juega Limpio” (Gestión, 8/11/05).
Este acuerdo es una iniciativa contra la
corrupción, problema que aqueja en gran medida
a la sociedad peruana y a sus instituciones e
invade tanto los espacios públicos como los
privados del país. Y
es que alianzas como ésta, destinadas a
prevenir la corrupción, son muestras de
cooperación entre instituciones que contribuyen
a fortalecer nuestro alicaído sistema democrático.
Recordemos que este mal supone el
quebrantamiento de la democracia, atentando
especialmente contra la idea de que toda
actividad pública, ya sea de la administración,
del legislativo o del sistema de justicia, debe
perseguir únicamente el interés de la ciudadanía
en general. Del
mismo modo, si la corrupción es un problema que
afecta a todos, entonces debe
preocuparnos también a todos. En ese sentido,
es importante que las organizaciones de la
sociedad civil tengamos una participación
activa en la lucha contra este problema que,
como bien señala la presidenta de la CCL,
Graciela Fernández Baca, “disminuye el
potencial de crecimiento económico al disminuir
los incentivos para invertir, convirtiéndose en
un impuesto a la eficiencia y a la
competitividad” (Gestión, 8/11/05). La
corrupción afecta el desarrollo económico y
social del Perú, así como contribuye a
mantener las desigualdades y el grado de exclusión
social que aqueja a los países latinoamericanos
en su mayoría. El
tema en mención también trae a colación la
necesidad de que nuestro sistema de justicia
realice sus funciones sobre la base de
principios de transparencia y probidad. Y ello
debido a que la corrupción a nivel judicial
contribuye a generar indefensión e inseguridad
en los ciudadanos, así como en aquellos que
pretenden invertir en el Perú, pues cuando no
hay imparcialidad ni independencia en los
jueces, ambas minadas por el virus de la
corrupción, se afecta la tutela de los
justiciables. En suma, la corrupción del
sistema de justicia, al igual que la que se da
otros ámbitos, atenta contra los fines de un
Estado Social y Democrático de Derecho, pues
impide que los titulares de diversos derechos
(derecho al debido proceso o el derecho al
desarrollo, entre otros) puedan alcanzar la
efectividad de los mismos. Finalmente,
queremos señalar que es necesario que el Estado
y la sociedad civil sigan tomando iniciativas
destinadas a fortalecer la ética pública, es
decir, a hacer que los valores y principios que
se encuentran como referentes inmediatos en la
Constitución se hagan reales. De ahí que
saludemos que el empresariado peruano asuma
roles que coadyuven a impulsar que otros agentes
también tengan una posición clara y
contundente frente a la corrupción. Esperemos
que nuestros poderes estatales sigan este
ejemplo. |