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Lima, 10 de noviembre del 2005 |
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El
Informe Defensorial Nº 97 tuvo como fin
principal poner de manifiesto el estado en que
se encontraban los casos judicializables por
violaciones a los derechos humanos, presentados
por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
(CVR) y la Defensoría del Pueblo, a dos años
de la entrega del Informe Final de la CVR. Ha
sido propósito de Justicia Viva difundir sus
conclusiones y recomendaciones, pero a la vez
poner de relieve cómo es que, por lo general,
el escaso avance en estos procesos se debe a la
falta de organización, planificación y
coordinación tanto de las autoridades del
sistema como de cada uno de sus operadores
(jueces, fiscales, policías, abogados). Ello,
sin contar la desidia de los mismos (ver Especial) De
lo ya señalado, pareciera que el subsistema de
derechos humanos implementado especialmente para
procesar dichos casos estuviera creado para
obstruir el avance. La implementación, tal como
lo señaló el Informe Defensorial, fue
realizada a partir de las urgencias de los
procesos. De otro lado, los casos habían de
protegerse de la amenaza constante de la
justicia militar, que insiste en asumir
jurisdicción respecto de delitos de lesa
humanidad y que no califican como “delitos de función”. Una vez logradas las primeras acciones a fin de
asegurar la ejecución de la sentencia, gran
cantidad de medidas cautelares de detención no
han llegado a concretarse, peligrando la
seguridad de una futura sentencia. A ello, por
si fuera poco, se adiciona la grave ausencia de
defensa letrada que sufren mayormente las víctimas;
y la inseguridad física que rodea a ciertos
operadores de la justicia, testigos, peritos, víctimas
y ex-comisionados de la CVR. Hay más
deficiencias de las que el Informe Defensorial
da cuenta, pero las reseñadas son las que el
ciudadano de a pie puede percibir con más
intensidad. Para
cada problema del proceso de judicialización,
el Informe Defensorial ha señalado las medidas
a tomar a corto y mediano plazo; todas ellas,
consistentes en la mejor coordinación y
fiscalización por parte de los operadores de
justicia. Cierto es que el Informe también
menciona la carencia de recursos económicos
(que sin duda se debe tratar de proveer), pero a
la vez descubre que es la mala gestión judicial
el origen de las fallas del sistema. En este
punto, hay que tratar de visualizar
estructuralmente el problema, y caeremos en la
cuenta que, además de las medidas propuestas
por la Defensoría, lo que hace falta para
contar con jueces y fiscales que dinamicen los
procesos, y con autoridades que dirijan su
avance, es el cambio de la cultura judicial
existente (como bien indica reiteradamente el
Dr. Pásara), una carrera judicial (y fiscal)
–en la normatividad y en los hechos– que, de
la mano del Consejo Nacional de la Magistratura,
proporcione al sistema de justicia magistrados
capacitados que asuman con responsabilidad y
compromiso su labor. Todas estas exigencias no
son exageradas, si es que recordamos que, de
estos procesos depende, además de la sanción a
los autores de las matanzas ocurridas en esos 20
años investigados por la CVR, todo un proceso
de reconstrucción y reconciliación nacional. |