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Lima, 10 de noviembre del 2005 |
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Esta
semana se dio solución a la posible huelga que
anunciaron los trabajadores del Poder Judicial
(PJ). Tras una reunión entre el Presidente del
Poder judicial y el Presidente de la República,
llevada a cabo el 9 de noviembre, se acordó la
entrega del bono de productividad a los
trabajadores jurisdiccionales y administrativos
del PJ (ver: Comunicado
del Poder Judicial). En ese sentido, el
Ejecutivo promulgó el Decreto
de Urgencia Nº 029-2005 (El
Peruano, 10/11/05), en el que se autoriza al
PJ a suscribir un Convenio entre el Consejo
Ejecutivo en representación de la Alta Dirección
del PJ, y la Gerencia General del PJ. Ahora bien, en principio se señala que la autorización de la
firma del convenio tiene por objetivo la medición
y evaluación de logros judiciales
administrativos alcanzados en el año 2005, pero
en realidad lo que se busca con este dispositivo
legal es amparar la entrega del bono de
productividad a los trabajadores que iban a
entrar en huelga debido al incumplimiento de
este beneficio. Y es que la cercanía entre los
anuncios de huelga –por parte de los
trabajadores del PJ– y la promulgación del
Decreto de Urgencia nos lleva a pensar que este
último acontecimiento fue la solución que
vieron los funcionarios del Estado para evitar
la inminente paralización de las labores del
PJ. Sin
duda, resulta cuestionable el porqué de la
utilización de una figura como el Decreto de
Urgencia para regular algo que por su naturaleza
debería ser reglamentado por un convenio
colectivo a celebrar con el sindicato de
trabajadores, pues están en juego los
beneficios laborales de los que dichos
trabajadores son titulares. De ahí que
consideremos que, si bien se ha logrado evitar
una paralización del funcionamiento del Poder
Judicial, los medios no han sido los mejores
para concretar dicho fin, siendo extraño que se
haya excluido del acuerdo a los representantes
gremiales de los trabajadores. |