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Lima, 17 de noviembre del 2005 |
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El
optimismo ha sido una característica de los
recientes titulares de los principales diarios
de nuestro país al informar sobre la extradición
del prófugo ex Presidente Fujimori: “Una
nueva derrota para Fujimori: perdió amparo”,
“Chile, vecino… entrega al dictador”,
“Seguirá preso”, “Encuesta en Chile, 76%
pide su extradición”, “Mayoría lo
repudia”, entre otros. Es
cierto que Fujimori ha tenido algunos reveses
importantes en su estrategia de retorno al Perú
“por etapas” y en su intento de montar una
“cabecera de playa” en territorio chileno
para su campaña electoral. Seguramente dentro
de sus cálculos, como “candidato virtual”
podría haber ayudado a empujar hacia arriba el
número de congresistas fujimoristas en el próximo
Parlamento, herramienta clave para negociar
–bajo la mesa y con la tradicional política
del “borrón y cuenta nueva”– su impunidad
con otros grupos parlamentarios. Primero,
no contó ser detenido tan rápidamente por las
autoridades chilenas y que, luego, le denegaran,
por el momento, su libertad; si bien dentro de
sus escenarios posibles debe haber estado la
posibilidad de la detención, debe haberle
sorprendido la rapidez de la misma. Segundo, no
contó con la firmeza del Gobierno de Chile de
no permitirle –bajo ningún concepto– hacer
campaña electoral desde territorio chileno; su
régimen de internamiento sólo permite visitas
tres veces por semana y con restricciones de
acceso a las comunicaciones; el desconcierto
inicial del Gobierno chileno por su entrada casi
clandestina debe haber contribuido a esta
segunda reacción, esta vez rápida y firme.
Tercero, Fujimori parece no haber sopesado en su
real dimensión lo instalado que están los
derechos humanos en la opinión pública y la
clase política chilenas, muy sensibles a este
tema y muy atentos a su imagen ante la opinión
pública internacional sobre el particular. Ahora
bien, pese a esos reveses iniciales del prófugo,
el camino de la extradición sigue mostrándose
largo y difícil (ver: sección
especial sobre extradición de Fujimori). Primero, porque una de las
primeras señales dadas por la Corte Suprema
peruana no es nada halagüeña, como ha sido el
pretender vincular la exigencia de mayor
presupuesto con la puesta en riesgo del trámite
de extradición, tal y como han deslizado
algunos representantes del Poder Judicial. ¿Qué
tiene que ver una cosa con la otra, si los
cuadernillos de extradición deben culminarse
este año y la exigencia es por mayores recursos
para el presupuesto del 2006? Por ende, persiste
la preocupación –y exigencia– de que los
cuadernillos de extradición sean muy bien
fundamentados y con suficiente sustento
probatorio. Segundo,
sigue en pie la muralla de la “extradición
dura” de la Corte Suprema chilena. Sin duda,
esa debe haber sido una de las razones de peso
que inclinaron a Fujimori a optar por Chile como
nuevo destino. Y es que, en por lo menos dos de
los probables desenlaces, el beneficiado es él:
i) que no sea extraditado (sin ser pesimistas,
es una posibilidad que no hay que descartar por
exceso de entusiasmo); ii) que sea extraditado
pero por menos delitos de los planteados por el
Perú, con lo cual habría usado a la Corte
Suprema chilena como “filtro” para irse
limpiando de los cargos que pesan sobre él. Tercero,
ante la presión de la opinión pública
nacional chilena e internacional, una hipótesis
probable es que la Corte Suprema chilena se
incline a extraditar a Fujimori sólo por los
cargos de violación de derechos humanos y no
por los delitos de corrupción… así, no tendría
que pronunciarse sobre los casos de corrupción
que también involucran al poderoso empresario
chileno Andrónico Luksic. Ello tendría el gran
inconveniente que Fujimori no podría ser
juzgado por la gran corrupción de su gobierno.
Por ello, es importante que junto con los cargos
de violación de derechos humanos, también se
levanten ante la opinión pública chilena e
internacional los graves casos de corrupción en
los que está involucrado. Finalmente,
reiteramos dos aspectos claves para el éxito de
la extradición de Fujimori. Ante todo, que la
Corte Suprema peruana cumpla, frente al país,
su responsabilidad de enviar los mejores cuadernillos de extradición que la Corte
Suprema chilena haya recibido en su historia.
Pero también que la comunidad internacional
siga recordándole –en forma constante– a
las autoridades chilenas el derecho que tiene el
Perú de juzgar a Fujimori por las graves
acusaciones de corrupción y derechos humanos
que pesan en su contra; los reflectores de la
opinión pública internacional serán un factor
decisivo en el desenlace de este caso, como lo
fue en su momento el “caso Pinochet”. |