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Lima, 17 de noviembre del 2005 |
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Desde
octubre del año pasado el Congreso de la República
estaba obligado a legislar sobre la justicia
militar para definir su competencia y su nueva
organización. Así lo ordenó la sentencia del
Tribunal Constitucional que declaró
inconstitucional la organización de los
tribunales castrenses. El
hecho es que se acaba de aprobar en el Congreso
la delegación de facultades de éste para que
el Poder Ejecutivo dicte mediante decreto
legislativo un Código Penal Militar-Policial.
El Congreso de la República ha renunciado a
cumplir con su principal obligación
constitucional y eso no es otra cosa que una
abdicación de los civiles a favor de la
corporación militar. Así están las cosas. La
Comisión de Justicia del Congreso, presidida
por Mauricio Mulder (APRA), instancia que ha
sustentado la propuesta ha señalado como
principal argumento “(…) que la
especialización de la materia, la proximidad
del vencimiento del plazo señalado por el
Tribunal Constitucional y los precedentes
legislativos establecidos en cuanto a la
promulgación de diversos códigos hacen
aconsejable aceptar el pedido formulado por el
Poder Ejecutivo (…)”. Hoy,
resulta poco creíble que éstas sean las
verdaderas razones para la abdicación, puesto
que no solo cualquier estudiante de Derecho diría
que el Derecho Penal Militar para nada es una
materia compleja, sino que ahora se utiliza el
argumento que el plazo se vence cuando el tema
está en manos del Congreso desde hace 13 meses
y hace medio año el congresista Luis Iberico
(FIM) presentó la primera propuesta para
delegar facultades. El hecho cierto es que, con
la excepción de algunos congresistas, el
Congreso jamás tuvo una real voluntad política
de regular la organización y la competencia de
la justicia militar porque simplemente los
militares y el Consejo Supremo de Justicia
Militar han sostenido una sistemática presión
en ese sentido. El
congreso, pues, ha urdido su propio
avasallamiento y de esta manera ha abandonado la
posibilidad de que por vez primera en el
Parlamento de una democracia se discuta y regule
normativamente el funcionamiento de los
tribunales castrenses. Todos los anteriores códigos
fueron elaborados por dictaduras. Ahora,
según el proyecto aprobado delegando facultades
será una comisión de representantes de los
Ministerio de Justicia, Defensa e Interior, así
como del Poder Judicial y el Ministerio Público
y 3 juristas, la que elabore lo que debieron
hacer los congresistas. Esta tendrá el plazo de
90 días para elaborar el nuevo código de
justicia militar. |