|
Lima, 17 de noviembre del 2005 |
|
El
miércoles 16, en las instalaciones del
Instituto de Defensa Legal (IDL), se llevó a
cabo la mesa de diálogo “Nuevo Código
Procesal Penal: ¿Qué se ha avanzado y qué
falta para comenzar la implementación del nuevo
Código Procesal penal en Huaura, a partir de
febrero de 2006?, organizada por Justicia Viva.
Por cerca de tres horas, los participantes
(entre otros, el doctor Raúl Callirgos,
presidente de la Comisión Especial de
Implementación, el doctor Martín Castro,
secretario técnico de la misma, la doctora
Gladys Echaiz, fiscal suprema y representante
del Ministerio Público, el doctor Rafael
Donayre, representante del Ministerio del
Interior, así como los magistrados Víctor
Prado y Carlos Ventura, abogados, especialistas
y representantes de la cooperación
internacional como USAID y GTZ) intercambiaron
puntos de vista sobre la importancia del Código
en el proceso de la reforma del sistema de
justicia penal, los problemas de su implementación
y la necesidad de encarar de forma inmediata y
oportuna el tema del próximo inicio de su
vigencia en el distrito judicial de Huaura. De
forma unánime los concurrentes ratificaron las
bondades del nuevo modelo acusatorio;
reconocieron lo difícil que fue la aprobación
del Plan de implementación del Código Procesal
Penal por el Ministerio de Economía y Finanzas
(el doctor Martín Castro llegó a decir que el impasse
había generado incertidumbre y ocasionado un
impacto desfavorable en las instituciones que
integran el sistema de justicia penal);
resaltaron la importancia del recurso humano y
su capacitación por sobre la necesidad de
adecuación de la infraestructura para el
cumplimiento de los nuevos roles asignados a las
instituciones (particularmente, la doctora
Echaiz); y lamentaron la actual falta de
recursos para afrontar el inicio de la
implementación. Todos
los participantes coincidieron en que, a la
fecha, el plazo para la entrada en vigencia del
Código en el distrito judicial de Huaura es
bastante corto, que las dificultades económicas
son muy grandes y que las condiciones de inicio
distan mucho de ser óptimas. Alrededor de ello,
se produjo un fructífero intercambio de
opiniones y propuestas: el IDL planteó la
elaboración de un “Plan de emergencia”; el
doctor Martín Castro propuso la evaluación de
un “Plan de contingencia”; y el doctor
Rafael Donayre postuló un “Plan de acción
inmediata”. Por su parte, estando a la
descrita situación de emergencia, el doctor Víctor
Prado fue de la idea que se debía evaluar la
conveniencia de postergar hasta agosto la fecha
de inicio de la implementación del Código en
el distrito de Huaura (fue muy interesante también
su propuesta de paliar la falta de recursos con
la “transferencia” de parte del personal del
Poder judicial al Ministerio Público). Horst
Schoenbohm, de GTZ, fue enfático en señalar
que, de convenirse en una prórroga, las
instituciones concernidas (Poder Judicial,
Ministerio Público, Ministerio de Justicia y
Ministerio del Interior) deberían tener muy en
claro, y “calendarizadas”, las medidas a
adoptar entre febrero y agosto para garantizar,
esta vez sí, el inicio y éxito de la reforma
en el distrito judicial de Huaura. La
posición del Ministerio Público, expresada por
la doctora Gladys Echaiz, fue que el Código
Procesal Penal debía implementarse, sí o sí,
en febrero del 2006 en el distrito judicial de
Huaura. |