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Lima, 17 de noviembre del 2005 |
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Esta
semana la Defensoría del Pueblo, mediante Resolución
Defensorial Nº 026-2005/DP, ha
precisado la recomendación que le hiciera al
Congreso de la República en su Informe Nº 95
sobre “La protección penal frente a la
violencia familiar en el Perú”; informe que,
por cierto, toca una problemática social
estructural de nuestra sociedad y en la que el
sistema de justicia tiene mucho que aportar. La
precisión hecha consiste en señalar el
dispositivo legal que el Congreso debería
modificar según el antes mencionado Informe
Defensorial, a efectos de ampliar el plazo para
la realización de las investigaciones
preliminares en los casos de violencia familiar,
plazo previsto en el artículo 4º del Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 26260,
modificado por el artículo 1º de la Ley Nº
27982. De ese modo, se podrá cumplir
satisfactoriamente la etapa de la investigación
a nivel policial. Es
necesario mencionar que el Informe
Defensorial Nº 95, materia de
esta modificación, pone de relieve tanto la
función que el sistema de justicia legalmente
tiene como la que efectivamente realiza. De otro
lado, señala la normativa internacional que
protege frente a la violencia familiar, el
procedimiento de faltas en la legislación
nacional, las competencias de la Policía
Nacional en el tema y el papel de la justicia de
paz letrada. A la vez, el Informe indica las
deficiencias y carencias que el sistema de
justicia presenta en la práctica y, mediante
encuestas a los propios jueces sobre tales
deficiencias e investigaciones de los
expedientes, muestra de manera clara la
necesidad de que las autoridades adopten una política
organizada, a fin de mejorar el tratamiento
judicial de la violencia familiar. El
Informe, además de finalizar con una agenda de
acciones pendientes que deben adoptar diversas
instituciones pertenecientes y relacionadas al
sistema de justicia (Poder Judicial, Ministerio
Público, Policía Nacional, Academia Nacional
de la Magistratura y Congreso de la República),
pone los reflectores sobre el grave problema de
la violencia familiar, en el que, si los órganos
estatales emitieran dispositivos claros de
actuación sobre el mismo, esta realidad que
lamentablemente es estructural disminuiría. El
país, y en particular las instituciones del
sistema de justicia, tienen una gran tarea por
realizar. |