|
Lima, 17 de noviembre del 2005 |
|
El
13 de noviembre pasado, el diario El Comercio publicó una encuesta realizada por la empresa Apoyo los
días 10 y 11 de este mes, a 1,618 personas en
15 ciudades del país. En ella se revelaba que
solo el 10% aprueba la gestión del Poder
Judicial (PJ). Si
tenemos en cuenta que en agosto pasado este
poder del Estado tenía 13% de aprobación
ciudadana, y en octubre 12%, podemos concluir
que este 10% recientemente registrado no hace
sino confirmar la ya baja percepción de la
población sobre el PJ. Estas cifras tampoco son
novedad, pues en agosto del año pasado la
aprobación era del orden del 12% y en diciembre
del mismo año sólo el 13% confiaba en la
judicatura. Pese a los esfuerzos de cambio
iniciados, y a que contamos con un Poder
Judicial en democracia, este poder del Estado aún
no logra remontar una persistente percepción
ciudadana negativa. Ante
esta situación, la actitud que el Poder
Judicial debe evitar es atribuir estas cifras a
una campaña de desinformación de la prensa.
Independientemente de que existan malos
periodistas, hay un mensaje que la población
nacional está tratando de trasmitir a la
judicatura, y es su cuestionamiento a la forma cómo
se viene prestando el servicio de justicia.
Esta, y no otra, es la causa por la cual la
población no se identifica ni se reconoce en
sus magistrados. En efecto, si queremos hurgar
en las causas de estas cifras, sólo tenemos que
preguntar en qué quedaron los esfuerzos
iniciados por la Comisión Especial de Reforma
Integral de la Administración de Justicia
(CERIAJUS) y por el propio Acuerdo Nacional por
la Justicia (ANJ). |