Lima, 24 de noviembre del 2005

1.   El Poder Judicial es esencial para la existencia del Estado constitucional y democrático de Derecho. Soluciona pacíficamente las controversias, protege los derechos fundamentales, controla el ejercicio del poder y garantiza la seguridad jurídica. Contribuye de manera insustituible a la gobernabilidad y al desarrollo del país.

Por ello, toda iniciativa orientada a mejorar el desempeño del Poder Judicial debe merecer el decidido apoyo de la ciudadanía y de los poderes públicos.

2.   Nuestra judicatura –y, más en general, nuestro sistema de justicia– atraviesa serios problemas que le impiden ofrecer un servicio de justicia eficiente y confiable a la población peruana. Tales problemas tienen origen histórico y son de naturaleza estructural, habiéndose visto agravados por el sometimiento político y la corrupción que afectó al Poder Judicial, entre otras instituciones, durante la década de  los noventa.

De allí, la necesidad de una reforma también estructural en el aparato de justicia, lo que fue reconocido por las máximas autoridades de la judicatura, que hasta el año pasado hablaban de la necesidad de refundar el Poder Judicial. El esfuerzo de reestructuración se plasmó en el Plan de Reforma Integral de la Ceriajus, aprobado por los representantes de todas las instituciones del sistema de justicia y de la sociedad civil, hecho suyo por el Acuerdo Nacional.

3.    Justicia Viva es un Proyecto independiente, especializado, sin fines de lucro, constituido con el propósito de contribuir al cambio y mejora de la administración de justicia peruana, por lo que desde su nacimiento se ha esforzado por difundir información y análisis de la situación judicial en el país, elaborar propuestas técnicas, generar espacios de reflexión, debate y capacitación, realizar investigaciones y desarrollar acciones de vigilancia y exigencia de actuación transparente de parte de las autoridades del sector.

De ese modo, Justicia Viva coadyuva al avance y mejoramiento del sistema de justicia peruano, habiendo participado, a través de sus miembros, en importantes espacios institucionales de reforma, tales como la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial y la propia Ceriajus, la Iniciativa por la Justicia (IJU) y la Comisión de Reforma del Reglamento de Selección y Nombramiento de Magistrados del CNM.

4.   Desde su fundación, Justicia Viva ha expresado su respaldo a la demanda de mayores recursos presupuestarios formulada por el Poder Judicial, por lo que inclusive llevó a cabo una campaña nacional de apoyo denominada “Por un presupuesto suficiente, eficiente y transparente”.

Por eso mismo, volvemos a invocar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a otorgar al Judicial la mayor cantidad posible de recursos públicos, conforme a la exhortación hecha por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 31 de diciembre del 2004 –ratificada recientemente mediante resolución fechada el 27 de octubre del 2005–, que señaló la necesidad de que el Poder Judicial formule una política judicial de corto, mediano y largo plazo, en donde defina los criterios de orientación de la organización judicial e identifique los fines generales y objetivos específicos, el inventario y evaluación de los medios y recursos para alcanzarlos y la determinación de líneas de acción.

Política que, siempre conforme a las resoluciones del Tribunal Constitucional, debe ser el sustento técnico para la toma de decisiones del Legislativo en relación a la aprobación del presupuesto del Poder Judicial, mientras, por su parte, el Congreso debe dictar una ley que establezca los mecanismos especiales de coordinación entre el Gobierno y la judicatura en cuanto a la elaboración del presupuesto de esta última, con respeto del artículo 145 de la Constitución y del principio de equilibrio financiero previsto en el artículo 78 de la propia Carta constitucional.

En tal sentido, hay que convertir el gasto en la judicatura en una inversión, y para ello resulta imprescindible que se aborden los problemas estructurales que existen secularmente en los campos de acceso, independencia, transparencia, probidad, eficiencia, celeridad y predictibilidad, entre los más importantes.

Este camino, afortunadamente, ya se encuentra trazado en el Plan aprobado por la Ceriajus, y traducido en política de Estado por el Acuerdo Nacional en su 43ª reunión celebrada el 1 de octubre del 2004. En tal sentido, es indispensable la implementación de las medidas ya desarrolladas puntualmente en los ámbitos de fortalecimiento de los subsistemas anticorrupción y de derechos humanos, realización de plenos jurisdiccionales que garanticen una solución uniforme de los procesos, carrera judicial, eliminación de barreras lingüísticas, culturales y económicas al acceso, reforma constitucional, redefinición del rol de la Corte Suprema, incorporación del Fuero Militar a la jurisdicción ordinaria, consolidación de la Academia de la Magistratura, apoyo efectivo a la Justicia de Paz, reforzamiento del plan de implementación del Código Procesal Penal, solución integral a la problemática laboral de los trabajadores del Poder Judicial, control disciplinario, fortalecimiento de Cortes Superiores, diseño y ejecución de políticas jurisdiccionales para materias especializadas, información e indicadores estadísticos, entre otros.

Sólo a partir de ello comenzaremos a reducir la enorme brecha existente entre la demanda social de justicia y la oferta que llega desde el Estado.

5.    Justicia Viva reafirma su compromiso con la reforma de la administración de justicia y su vocación de contribuir, con todos los medios a su alcance, al impulso de los cambios estructurales necesarios, a fin de procurar un Poder Judicial eficiente y confiable, en beneficio del país.

Lima, 24 de noviembre del 2005.