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Lima, 24 de noviembre del 2005 |
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Reconocemos
la actuación y el coraje de un reducido grupo
de jueces y fiscales, el inicio de causas
penales contra altos funcionarios públicos del
gobierno pasado y el papel desempeñado por el
Tribunal Constitucional en la lucha contra la
corrupción. Pese a ello, el balance de lo hecho
en los últimos cinco años es negativo, y el
futuro, preocupante (ver: Lucha
anticorrupción: urgente necesidad de enmienda). Carecemos
de una verdadera política pública anticorrupción,
el tema no aparece en las agendas y prioridades
de los partidos políticos, la Fiscal de la Nación
y el Presidente de la Corte Suprema no lideran
el esfuerzo anticorrupción, el Estado no
transfiere los suficientes recursos económicos,
existe un bajo porcentaje de implementación de
las medidas anticorrupción propuestas por la
CERIAJUS. Por su parte, los jueces y fiscales
desaprovechan el marco normativo con el que
cuentan, prefieren la forma al contenido y
burocratizan los procesos de forma tal que le
restan dinamismo. Solo
contamos con 24 sentencias firmes, un número
importante de causas no llegan a juicio oral,
los procesos demoran terriblemente, el
subsistema se avoca a causas poco relevantes
(casos Miyamoto y Constante Traverso) y no se
priorizan los expedientes (lo que puede dar
lugar a la prescripción). Por
lo demás, un sector de la judicatura nos tiene
acostumbrados a la emisión de decisiones
cuestionables y en el Poder Judicial existen
operadores no confiables. Urge
una enmienda a fin de evitar que los esfuerzos
hayan sido en vano. Tanto el Estado como la
ciudadanía deben asumir la tarea de impulsar la
lucha anticorrupción. |