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Lima, 24 de noviembre del 2005 |
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Esta
semana volvieron al debate dos temas
fundamentales para la construcción del Estado
de Derecho en nuestro país: la situación de la
justicia de paz y la urgente necesidad de
enmienda en la lucha anticorrupción. Ambos
temas, reflejados en sendas publicaciones del
Instituto de Defensa Legal (junto a otras
instituciones) y el consorcio Justicia Viva,
fueron comentados por profesionales que pusieron
en evidencia la agenda (pendiente) a fin de
mejorar el acceso a la justicia y evitar la
impunidad en los casos del subsistema
anticorrupción. Con
la presentación del libro “La justicia de paz en los Andes. Estudio Regional” (ver Presentación),
se puso en claro que es imprescindible trabajar
en puntos como: i) la promoción de la elección
popular de jueces de paz en zonas con vida
comunal, ii) la posibilidad de que el juez de
paz cuente con potestades de coerción, iii) la
creación de espacios de diálogo intercultural,
a fin de lograr la mayor vigencia de los
derechos humanos, entre otros. A ello, se
sumaron las reflexiones de los comentaristas
sobre la búsqueda de la legitimidad de la
justicia de paz y, principalmente, la necesidad
de que la ciudadanía esté atenta a las
propuestas que indican que los abogados debieran
asumir el papel de los jueces de paz, a pesar de
saberse que, justamente, uno de los rasgos
principales –y una de las razones del éxito
alcanzado por la justicia de paz– es el que
esta justicia se encuentre en manos de
ciudadanos que no son abogados, y que deciden
las controversias según criterios de equidad. De
igual importancia fue la presentación del
balance 2005 de Justicia
Viva “Lucha
anticorrupción: urgente necesidad de enmienda”.
Como conclusiones, se tuvo que, a la par de
resultados positivos (como el significado histórico
del procesamiento de los casos en lugar de
seguir una política de “borrón y cuenta
nueva”, el grupo de magistrados que cumplen de
forma idónea su labor, el papel del Tribunal
Constitucional, entre otros), el subsistema ha
avanzado lento en el procesamiento de casos que
por su gravedad urge impulsar (por ejemplo, los
de violación a los derechos humanos), y que la
existencia de decisiones cuestionables y
operadores no confiables perjudican la lucha
anticorrupción (ver Presentación).
Sobre el particular, los comentaristas del
balance coincidieron en señalar la ausencia de
una política anticorrupción y la necesidad de
seguir trabajando en ella, no sin olvidar que la
demora de los procesos más graves se debe a la
calidad de complejos de los mismos, situación
por la que, en efecto, creemos que se debería
priorizar el tratamiento de los casos. Finalmente,
es necesario indicar que tales investigaciones
(que fueron posibles gracias al apoyo de la
cooperación internacional) no sólo son
importantes en sí por los temas tratados, sino
también porque ponen en práctica el ejercicio
serio y responsable de la participación y
fiscalización ciudadana, esencial porque
fomenta el interés ciudadano en los problemas
del Estado y porque coadyuva a que éste no
descuide temas de primer orden como el acceso a
la justicia y la lucha anticorrupción, aún con
agendas pendientes. |