Lima, 01 de diciembre del 2005

La Primera Sala para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Lima, que preside el doctor Aldo Figueroa, ordenó esta semana el arresto domiciliario del acusado Fernando Zevallos Gonzáles, decisión judicial que fue tomada en base a la información proporcionada por la DINANDRO, entidad policial que habría logrado informarse de las pretensiones de Zevallos de querer fugarse al Brasil con la intención de evitar ser juzgado. Según la Sala Penal, aplicó esta medida como parte de la comparecencia restringida dispuesta contra Zevallos Gonzáles al iniciarse el proceso judicial en el que se va a establecer si recibió o no los 15 millones de dólares procedentes del narcotráfico para comprar dos aviones con los que fundó AeroContinente. Cabe señalar que esta orden de arresto es adicional a la orden de detención dictada por la jueza Raquel Centeno.

Pero eso no fue todo lo que informo la DINANDRO, ya que, según un documento secreto de la Policía, “es probable que ‘Lunarejo’ planee ejecutar atentados contra la integridad de la procuradora, jueces, fiscales y personal PNP que tiene la investigación del caso, a fin de entorpecer y/o retrasar el proceso judicial” (Caretas N° 1902, 01/12/05), información que esperamos haya sido atendida en su magnitud y se refuerce la seguridad de las personas mencionadas. Asimismo, Caretas ha informado que al detenerse a Zevallos Gonzáles se encontró en su poder una memoria digital portátil USV, que contenía un borrador de su sentencia (un documento de unas 30 páginas), en la que se le exculpa de los cargos de narcotráfico alegando “falta de pruebas”. Si bien no está claro quién habría redactado dicho documento, de ser cierta su existencia, el mismo parece confirmar las grandes influencias y conexiones del acusado Zevallos con algunos magistrados u otros operadores de justicia.

Para el diario El Comercio (editorial del 26/11/05), “...el caso Zevallos coloca al Poder Judicial en un punto de quiebre para demostrar su eficacia y autonomía, como bien lo están haciendo algunos de sus magistrados. La misma actitud tiene que mostrar todo el corporativo judicial, que no puede repetir los errores del pasado cuando ciertos jueces, digitados por los tentáculos fujimontesinistas, sucumbieron cobarde o interesadamente a las presiones del poder político que, entonces, se involucró con el narcotráfico”.

Decíamos la semana pasada (ver nota: Detención de Fernando Zevallos por narcotráfico y homicidio), que la detención, investigación y juzgamiento de Fernando Zevallos por presuntos hechos de narcotráfico y asesinato es una prueba importante para el sistema de justicia, y debe poner en evidencia la forma cómo funciona este sistema en todos los casos, sin importar quién es el investigado o procesado; sin importar cuánto poder económico o político tiene la persona que es objeto de un proceso judicial. Todos debemos ser tratados igual, es un principio constitucional muchas veces incumplido por los operadores de justicia. El caso de Zevallos, quien indudablemente tiene importantes relaciones económicas, políticas y hasta judiciales, debe ser la mejor muestra de que la justicia peruana no se va a dejar amedrentar, amenazar ni corromper. La ciudadanía espera mucho de sus jueces, fiscales y policías, quienes han de estar a la altura de ese cometido, su condición de funcionarios públicos así se lo exige.
(Antonio Salazar García)