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Lima, 01 de diciembre del 2005 |
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La
Corte Superior de Justicia de Lima ha emitido un
comunicado
informando sobre la reubicación de parte del
subsistema anticorrupción: los 6 juzgados
anticorrupción, desde el pasado lunes 28, están
en los locales de los juzgados que procesan
casos con reos en cárcel; y las tres nuevas
salas, en el local donde venían funcionando
dichos juzgados (el edificio Alimar). El cambio,
a pesar de los fines indicados en la Resolución
que lo autorizó, “para que las dependencias
funcionen con eficiencia y oportunidad”, difícilmente
conseguirá sus objetivos, por lo que urge una
corrección. Se
ha indicado que la reubicación se debe a dos
factores: i) que el local previsto para el
funcionamiento de las 3 nuevas salas
anticorrupción no está aún listo, “ya que
el Ministerio de Economía y Finanzas aún no ha
transferido los recursos necesarios”; y ii)
que urge el que estas salas entren en
funcionamiento “para que, a la brevedad
posible, inicien sus actividades y puedan dar
inicio a los juicios orales, evitando mayor
retardo en la conclusión de los procesos”. No
obstante lo dicho, son otras las consecuencias
previsibles de la decisión tomada por la Corte
que preside María Zavala. El local en que ahora
se encuentran los juzgados anticorrupción ha
reducido casi al mínimo las condiciones
adecuadas en que éstos venían tramitando los
procesos: el espacio es insuficiente para tomar
las declaraciones de los procesados; no todas
las paredes que resguardan los expedientes son
de concreto, haciendo posible su pérdida; no se
cuenta a la mano con un sistema informático que
permita estar ágilmente conectado con las otras
instituciones de justicia, etc. En conclusión,
el cambio de locación, en lugar de mejorar la
gestión de los procesos, la ha empeorado. La
decisión del traslado, creemos, debió tener en
cuenta que los casos que tramitan estos juzgados
son muy particulares: los llamados casos
anticorrupción son casos en los que la
impunidad está latente y en que los procesados
han estado vinculados al poder, así que el
Poder Judicial debe contar con condiciones óptimas
para poder procesarlos. Por esto mismo es que
sorprende el traslado de los juzgados hacia
locales que no ofrecen las facilidades
requeridas, poniendo en riesgo el avance de la
lucha anticorrupción. Cierto es que las salas
que ahora ocupan el antiguo local de los
juzgados necesitan entrar en funcionamiento, ¿pero
es realmente ése el efecto que se conseguirá?
¿Cuánto podrán hacer efectivamente las salas
para llegar a los juicios orales esperados, en
casi un mes faltante para terminar el año?
Realistamente, muy poco, mientras que, a la par,
la gestión de los juzgados se perjudica. Ante
tal panorama, el beneficiado probablemente será
(si es que ya no lo es) la corrupción, y es por
eso que los ciudadanos estaremos expectantes de
que esta situación sea corregida en el menor
tiempo posible. Las nuevas salas anticorrupción
deben entrar en funcionamiento, sí, pero sin
perjudicar a los demás órganos del subsistema
mediante decisiones que ponen en duda la
existencia de un planeamiento adecuado para
reimpulsar la lucha contra la corrupción. |