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Lima, 07 de diciembre del 2005 |
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El
reconocido investigador del derecho Luis Pásara
Pazos presentó, el lunes 5 de este mes, una
reciente investigación, llevada a cabo a
solicitud y con el auspicio del consorcio
Justicia Viva, la misma que seguramente ayudará
a poner los reflectores en un tema que ha venido
pasando casi inadvertido: la actuación de los
abogados en el funcionamiento del sistema de
justicia (ver: Los
abogados de Lima en la Administración de
Justicia). Y
es que la publicación, aunque sea de manera
preliminar –el autor ha sido claro en señalar
que el campo de estudio sobre la problemática
recién empieza– deja en claro que lo que
realizan muchos abogados por el sistema de
justicia, más que un aporte es un obstáculo,
pues muchas veces, en lugar de ser una ayuda a
la labor del juez, su actuación se convierte en
un factor de dilación del proceso o simplemente
en un paso poco trascendente que a la larga el
juzgador ignora en su última decisión. Para
llegar a esta conclusión, Luis Pásara utilizó
un conjunto de instrumentos:
encuestas a usuarios del sistema, encuestas a
condenados, entrevistas a usuarios, entrevistas
a informantes calificados, guía para analizar
expedientes civiles y fichas de análisis de
casos de mal desempeño profesional denunciados
al Colegio de Abogados de Lima. A
lo largo del estudio uno puede encontrar cuatro
ideas básicas. Primero, los abogados se
diferencian de acuerdo al nivel social al que
sirven y según esto el servicio es más
eficiente, razón por la que la mayoría de la
población tiene una defensa pobre. La
investigación explica que una pequeña parte de
los abogados asesora a las grandes empresas y a
la clase más acomodada del país. Las características
de éstos es: ser los más caros, y también los
mejores preparados, los más eficientes y por lo
tanto los que prestan mejor atención al
cliente. De otro lado están la mayoría de los
abogados, los que defienden a las clases más
bajas. Las características generales de éstos
son que están deficientemente preparados desde
un punto de vista técnico, cobran poco y su
intervención en los procesos es intermitente;
es decir, no llevan un caso de manera continua
sino que se dedican a hacer escritos eventuales,
de ahí que este grupo sea el que genera mayor
desconfianza de la población. La
segunda idea es que, pese a la diferenciación
entre tipos de abogados, en ambos sectores
parece primar la promesa de ganar a toda costa
el caso, “valga lo que valga”; lo que podría
incluir prácticas contra la ética y hasta
delitos. En un tercer punto del estudio se
analiza la relación abogado−cliente y se
la señala como asimétrica, pues el lenguaje
jurídico engorroso hace prácticamente
imposible que el cliente pueda controlar al
abogado. Como último punto importante aparece
la preocupación en torno a la labor que realiza
el Colegio de Abogados de Lima para controlar
las prácticas corruptas; el análisis de las
denuncias resueltas por esta instancia encontró
que son mínimas las sanciones, primando
mayoritariamente la impunidad. En
líneas generales, pues, este trabajo es un
importante aporte –el magistrado supremo César
San Martín, en su comentario con motivo de la
presentación de la publicación, señala que su
lectura le causó primero un
‘shock’ y más adelante le aclaró
muchas percepciones e intuiciones sobre el tema
(ver presentación)–
y da las primeras luces sobre esta problemática;
la cual había pasado virtualmente desapercibida
o ignorada hasta que en el 2004, en un estudio
sobre la enseñanza legal –elaborado también
por Luis Pásara– se vislumbró este
inconveniente. Sobre el tema, Pásara indica que
es necesario vigilar a los abogados –cosa que
actualmente no sucede de manera adecuada–,
para que cumplan sus obligaciones de manera
adecuada y que su mala praxis no sea una carga más
para el sistema judicial. |