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Lima, 07 de diciembre del 2005 |
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Una
de las más importantes noticias de la semana,
en lo que a justicia anticorrupción se refiere,
es lo concerniente al avance de los expedientes
de extradición del prófugo, hoy detenido en
Chile, Alberto Fujimori Fujimori. Tal y como señalamos
en nota anterior (ver: Extradición
de Fujimori: caminando con buen paso),
la próxima semana la Corte Suprema de Justicia
debe estar decidiendo sobre el total de
solicitudes presentadas. A este proceso se suma
ahora el hecho de que nuestro país va a
solicitar la extradición de otros
“personajes” vinculados a casos de corrupción
y narcotráfico, nos referimos a Daniel Borobio,
cuya extradición va a ser solicitada a la
justicia chilena, a él se le acusa de cometer
los delitos contra la administración pública,
en la modalidad de colusión, y contra la
tranquilidad pública, en la modalidad de
asociación ilícita para delinquir, en agravio
del Estado; otro caso es el de Julio Pisango,
cuya extradición va a ser solicitada a la
justicia argentina, a él se le acusa de tráfico
ilícito de drogas (La República,
04/12/05). Asimismo,
el Poder Judicial va a solicitar que se amplíe
la extradición de Alberto Venero Garrido y José
Lizier Corbetto, por los delitos contra la
tranquilidad pública, en la modalidad de
asociación ilícita para delinquir, y contra la
fe pública en la modalidad de falsificación de
documentos, respectivamente, en ambos casos el
agraviado es el Estado (El Peruano,
04/12/05). En
otro caso el Fiscal Anticorrupción Oscar
Zevallos ha solicitado se le imponga a Nicolás
de Bari Hermoza la sanción de seis años de
pena privativa de la libertad, por alterar
documentos en la compra de armamentos a una
empresa sudafricana. Dicha compra fue por un
monto de US $. 8’000,000.00, y en la misma no
se hizo licitación ni se contó con informe técnico
alguno. Lo cierto es que, según la acusación
fiscal, el General Hermoza Ríos se habría
coludido con otros cuatro generales del Ejército
para realizar tal ilícito penal, cuyo agraviado
es el Estado. El caso es visto por el Tercer
Juzgado Anticorrupción que despacha el juez
Jorge Barreto, quien en estos días debe estar
dictando sentencia. Una
resolución preocupante es la que acaba de
emitir la Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema, mediante la cual anula el juicio por
peculado en contra de Vladimiro Montesinos
Torres y el empresario Oscar López Meneses, por
considerar que la Sala Penal Especial “B”,
que había dictado sentencia condenatoria contra
ambos acusados, no era competente para conocer
del caso. Su resolución se basa en el hecho de
que en dicho expediente había un procesado con
comparecencia y otro con mandato de detención,
y que según Resolución Administrativa Nº
024-2004-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, la Sala Penal Especial “C” asumía
principalmente (pero no exclusivamente, hay que
precisar) el juzgamiento en procesos con reos
libres o en los que existen varios acusados y sólo
uno de ellos se encuentra en cárcel. Como
podemos apreciar, a pesar de las constantes críticas
de la población por la lentitud de los procesos
anticorrupción, la Sala Penal Transitoria de la
Corte Suprema que preside el vocal Robinson Gonzáles
anula una sentencia emanada de autoridad
judicial especialmente constituida para conocer
de estos casos, sin considerar que dicha Sala
era la realmente competente, lo que debe ser
criticado. Por
otro lado, es importante resaltar en la presente
semana el juicio a los integrantes del Grupo
Colina, que conoce la Sala “A”, ya que en él
se encuentra siendo interrogado el coronel (r)
Julio Rodríguez Córdova, quien ha
manifestado su disposición a colaborar con la
justicia prestando una confesión sincera sobre
los hechos por los cuales se le juzga. Como
sabemos, este ex oficial del ejército, en julio
de 1992, fecha en que sucede el secuestro y
asesinato de 9 estudiantes y 1 profesor de la
Universidad La Cantuta, se desempeñaba como G2
en la División de Fuerzas Especiales (DIFE), y,
según ha relatado a la Sala Especial “C”,
conoció de los hechos desde el día siguiente
en que estos ocurrieron por versión que le dio
el ex Teniente EP Aquilino Portella, ex oficial
que facilitó la identificación de cada uno de
los estudiantes y el profesor que fueron
asesinados por los integrantes del grupo Colina. Como
vemos, ya son cuatro los acusados que son
interrogados en el juicio al Grupo Colina. Dos
de ellos, Salazar Monroe y Hermoza Ríos, no
quisieron hablar ante la Sala; los otros dos,
Rivero Lazo y Rodríguez Córdova, sí lo han
hecho. La audiencia continúa el próximo miércoles
14, en donde esperamos pueda proseguir la
declaración de Rodríguez Córdova. Estos
son los principales casos que se están
tramitando ante el subsistema especial
anticorrupción, en los que se observa algunos
avances y otros retrocesos. Es necesario que la
ciudadanía se mantenga alerta e informada. |