Lima, 07 de diciembre del 2005

La comisión de distribución de causas, designada por Resolución Administrativa Nº 384-2005-P-CSJLI/PJ, ha hecho pública, mediante comunicado aparecido esta semana, la nueva distribución de procesos judiciales entre las seis Salas Penales Especiales de la Corte Superior de Justicia  de Lima. Como señalamos anteriormente (ver: Salas Superiores Anticorrupción se distribuyen carga procesal), era necesario que se diera a conocer dicha distribución, y que la misma se rigiera por el principio de prevención.

En primer lugar, debemos decir que, desafortunadamente, a la ciudadanía no le queda claro qué causas son las que han sido distribuidas entre las salas, habida cuenta que el comunicado sólo las refiere por el número de expediente, lo cual no permite saber a qué asunto y a qué procesados corresponden. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la Resolución Administrativa Nº 197-2005-CE-PJ, la redistribución equitativa de la carga procesal entre las salas anticorrupción debe ser “sin considerar la competencia derivada de la situación de la privación de libertad  de los imputados; excluyéndose los procesos que se encuentren en juicio oral y los que tienen fecha designada” (estos últimos continuarían a cargo de sus respectivos colegiados hasta su conclusión). Además de dichos criterios, está la exigencia de dar prioridad a los procesos que tengan mayor trascendencia y complejidad.

La distribución ya está hecha y es necesario informar qué casos le corresponde conocer a cada Sala Penal Especial (ver cuadro 1 y cuadro 2). De una primera revisión, podemos dar cuenta que a la Primera Sala le ha tocado un número menor de casos, y que varios de los casos que conocía la Tercera Sala Anticorrupción han sido repartidos entre la Segunda y la Quinta Salas.

También hay que advertir que, al comparar la lista de causas publicada por la Corte de Lima con el último Informe divulgado por la Procuraduría Ad Hoc (julio del 2005), quedan varios expedientes sin posibilidad de ser identificados, entre los que presumiblemente se encuentran casos relevantes, tales como los relativos al Grupo Colina y al tráfico de armas a las FARC, que, como se sabe, se mantienen en la Primera Sala. Por ello es que, en un futuro, la información que brinden las autoridades judiciales deberá incluir datos más precisos y completos.
(Cruz Silva Del Carpio)