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Lima, 15 de diciembre del 2005 |
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Hace
algunos días los principales candidatos a la
Presidencia de la República (salvo uno), como
ya es costumbre, sustentaron en la Conferencia
Anual de Ejecutivos (CADE) sus principales
propuestas a implementar de ganar las elecciones
del próximo año. Sin duda, fue una buena
oportunidad para conocer qué piensan y qué
pretenden hacer en temas claves como la reforma
de la justicia –tan reclamada por todos– y
la lucha contra la corrupción, dos ámbitos en
los que el Consorcio Justicia Viva ha venido
trabajando desde la sociedad civil los últimos
tres años. Lourdes
Flores Nano, quien hasta ahora encabeza las
preferencias electorales, propuso, en síntesis,
darle un nuevo papel a la Corte Suprema y
fortalecer los juzgados de paz; dos propuestas
que, sin duda, coinciden con lo planteado por la
Ceriajus, con el reclamo de los empresarios y de
la ciudadanía en general, de, por un lado,
mayor seguridad jurídica, mayor
“predictibilidad” de la jurisprudencia (esto
es, que se sepa, con cierta certidumbre, cómo
resolvería un determinado caso el Poder
Judicial) y, por otro lado, de fortalecer y
apoyar mecanismos de acceso a la justicia a
favor de amplios sectores sociales de escasos
recursos, como es la justicia de paz. Tal
como ya se ha dicho en ocasiones anteriores, la
“predictibilidad” de la jurisprudencia se
lograría si se rediseña el perfil de la Corte
Suprema que le permita cumplir el papel de faro
de la jurisprudencia –que hoy no cumple, salvo
honrosas iniciativas individuales de algunos
vocales supremos–, lo que supondría, entre
otras cosas, que se le descargue de muchos
procesos que no deberían llegar a la máxima
instancia, que arriben a dicho organismo
juristas destacados, que se implementen los
plenos jurisdiccionales y que exista acceso público
a sus decisiones. Pocos casos –los más
relevantes social, económica o políticamente–,
buenos jueces y transparencia, deberían ser los
objetivos del nuevo Gobierno para propiciar la
seguridad jurídica desde la orilla de la Corte
Suprema. Pero
algo que suena tan sencillo en el papel, ha
demostrado ser extremadamente difícil en los
hechos, entre otras razones, por la tenaz
resistencia de un sector importante de la Corte
Suprema que, como es lógico, se resiste al
cambio. Quizá por ello, la candidata Flores
Nano llegó a decir inclusive que, de ser
necesario, convocaría a referendum para movilizar a la población si el Poder Judicial se
resistía a los cambios (El Comercio,
04/12/05). Lo que sí se echa en falta son sus
propuestas en el campo de la lucha anticorrupción. Por
su parte, Valentín Paniagua fue otro de los
principales candidatos que ofreció impulsar la
reforma del Poder Judicial y, explícitamente,
la lucha contra la corrupción. Sostuvo que era
necesario brindar a la justicia los recursos
para su modernización y respaldó las
propuestas de la Ceriajus. También propuso
reforzar los juzgados de paz y que el Poder
Judicial cuente con un portal de transparencia.
De sus planteamientos, que también empatan con
el plan de reforma de la Ceriajus, cabe destacar
su preocupación por la transparencia de la
información judicial: propiciar el acceso público
de todas las sentencias de la Corte Suprema
debería ser un objetivo fundamental en el próximo
gobierno; sin duda, ello contribuiría a la
seguridad jurídica y a la confianza ciudadana
hacia la justicia. En
el caso de Alan García, por el contrario, no
sorprende que no haya hecho referencia alguna a
la necesidad de la reforma de la justicia. En
ocasiones anteriores, ha hecho causa común con
un sector importante de los jueces –liderados
por el actual Presidente del Poder Judicial- que
exigen más recursos, no “interferencias”
externas (de la sociedad civil, por ejemplo) y
que aducen incomprensión de la prensa y la
opinión pública. Cabe recordar, además, que
en su momento el APRA votó en contra de la
creación de la Ceriajus. ¿Por
qué la reforma judicial no forma parte de la
agenda del candidato García? Ello cae dentro
del ámbito de las hipótesis y los supuestos
que no vamos a desarrollar aquí (como la
denuncia de muchos sectores de la influencia del
APRA en predios judiciales y fiscales), pero lo
cierto es que resulta lamentable que uno de los
principales partidos políticos democráticos,
no se sume al consenso de la urgente necesidad
de reformar el sistema de justicia en el Perú
para fortalecer la seguridad jurídica –tan
exigida para el crecimiento económico– y la
institucionalidad democrática. Finalmente,
¿qué piensa Ollanta Humala sobre el
particular? No se sabe porque no ha habido
presentación pública ni plan de gobierno
conocido… pero no es muy difícil imaginar qué
tipo de propuestas son las que podría traer
bajo el brazo un “outsider” como él:
ataques a un desprestigiado Poder Judicial, razzia
indiscriminada de magistrados y posterior
intervención/control de jueces y fiscales. La fórmula
ya la usó otro “outsider” el 5 de abril de
1992. Ojalá la historia no se repita y los
electores, los partidos y los jueces no lo
permitan. |