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Lima, 15 de diciembre del 2005 |
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El 1° de febrero del 2006 debería darse inicio en la Corte de Justicia de Huaura al proceso de implementación de la reforma procesal penal en el Perú. En julio del 2004 se promulgó el nuevo Código Procesal Penal y en esa misma fecha se creó la Comisión de Implementación a la cual se encargó el diseño del plan de ejecución. Este plan debió ser entregado en febrero pasado, pero finalmente se presentó en julio y fue aprobado por el Poder Ejecutivo en octubre del 2005. Desde
el Consorcio Justicia Viva hemos venido
advirtiendo y llamando la atención a las
instituciones comprometidas con la implementación
de la reforma, es decir, el Poder Judicial, el
Ministerio Público, la Policía Nacional, el
Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía
y Finanzas, para que definan como prioridad política
el inicio de las acciones necesarias para
enfrentar este proceso de reforma en las mejores
condiciones. No nos olvidemos que éste debe ser
el cambio más importante y trascendental de la
justicia penal desde el inicio de la República.
A
excepción del Ministerio Público, que ha
desarrollado un trabajo interesante de
planificación de los cambios necesarios para sí,
en las otras instituciones prácticamente no ha
existido voluntad política para impulsar un
proceso de reforma. Inclusive, podemos dar
cuenta que la valiosa iniciativa del Presidente
de la Corte Superior de Justicia de Huaura de
instalar una Comisión de Implementación
Distrital fue increíblemente desautorizada por
el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Por lo demás, desde la promulgación del nuevo
Código Procesal Penal, nadie ha asumido
seriamente la tarea de formación y capacitación
de jueces, fiscales, abogados y policías en el
nuevo modelo procesal. Hoy,
estamos a escasas 6 semanas de la fecha de
inicio de la reforma establecida en el Plan de
Implementación y muchos de los problemas y
limitaciones que fueron advertidos desde hace más
de un año simple y llanamente no han sido
resueltos; y todo parece indicar que en ese
plazo tampoco se resolverán. En esa lista de
problemas está sin duda el presupuesto que se
requiere para poner en marcha los cambios y que
ahora no se tiene. Pero
definitivamente, si bien nadie puede dejar de
lado este fundamental asunto, en el caso peruano
el problema no es solamente la falta de
recursos. Sin duda, el principal ha sido –y
sigue siendo– la falta de voluntad y liderazgo
político de reforma. Siempre hemos tenido la
impresión que nadie quiere hacerse cargo de
ella. Como
colofón de esta situación, el Poder Ejecutivo
acaba de presentar al Congreso de la República
un proyecto de ley que modifica la entrada en
vigencia del Código Procesal Penal. El proyecto
propone que la fecha de inicio de la
implementación de la reforma en la Corte de
Huaura sea el 1° de Octubre del 2006. Teniendo
en consideración los antecedentes de este
proceso, ciertamente la postergación cae por su
propio peso y parece, hoy, una decisión
correcta, ya que poner en marcha una reforma de
esta envergadura, sin las condiciones básicas
necesarias, puede terminar liquidando la
propuesta de reforma; pero también no debemos
dejar de mencionar que es un hecho muy grave
esta postergación, porque las instituciones,
incluido el Poder Ejecutivo, tuvieron el tiempo
suficiente para preparar los cambios; y, porque
además, no estamos seguros de que en ese corto
plazo que correrá entre febrero y octubre del
2006 aquello que no tuvo la voluntad de hacerse
finalmente se haga. |