Lima, 15 de diciembre del 2005

El problema de los requisitoriados por terrorismo no es nuevo, es un asunto originado de la mano con el fenómeno de los inocentes en prisión. Ya en 1998 el Instituto de Defensa Legal advirtió la necesidad de adoptar una salida al problema del sistema judicial de aquella época que, amparada en la legislación de emergencia, permitió la apertura de procesos penales en contra de quienes, por lo general, solamente tenían imputaciones obtenidas, en su mayoría, mediante métodos de tortura. Estos procesos judiciales generaron miles de requisitorias carentes de datos básicos de identidad personal del requisitoriado.

A mayo del 2004, el número de requisitorias había llegado a 51,684 que involucraba a 12,854 personas. Según la propia División de Requisitorias de la PNP, aproximadamente el 90% de las mismas, carecían de datos filiación. Una de las razones por las cuales se habría incrementado de manera significativa las requisitorias por terrorismo es la prohibición legal de caducidad que han tenido éstas a partir de agosto de 1992, a diferencia de los casos comunes, en  los que tienen una vigencia de seis meses.

El problema de los requisitoriados por terrorismo fue abordado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación y precisamente, en el marco de sus recomendaciones, el  Instituto de Defensa Legal, conjuntamente con la Sala Penal Nacional y las cortes superiores de Lambayeque, Junín, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y La Libertad, en marzo del año 2004, pusieron en marcha la ejecución del proyecto “Solución al problema de los requisitoriados por terrorismo” cuyo objetivo fundamental fue efectuar un proceso de depuración real y efectivo de todas las requisitorias por terrorismo cuya vigencia resultaba manifiestamente ilegal e irregular.

En lo que va del año pasado y éste, el equipo de trabajo del IDL ha revisado aproximadamente 450 expedientes en los distritos judiciales donde mayor número de requisitorias se registraban, recomendando la anulación de 2,739 de ellas por delito de traición a la patria, debido a que dicho tipo penal fue declarado inconstitucional por el TC; y 4,535 requisitorias por delito de terrorismo, debido a su manifiesta ilegalidad procesal (no cumplían con datos de identidad obligatorios o en algunos casos correspondían a procesos concluidos por sentencias absolutorias o prescritos por el transcurso del tiempo). Asimismo, se ha incidido y logrado compromisos por parte de las autoridades jurisdiccionales a fin de que procedan de oficio, paralelamente a nuestras recomendaciones, para anular requisitorias que no reúnan las condiciones legales necesarias.

Antes de finalizar el año 2004 se logró la anulación de todas las requisitorias por delito de traición a la patria y en noviembre de este año, según el nuevo Padrón General de la División de Requisitorias de la Policía Nacional, se ha logrado eliminar 8,578 requisitorias por delito de terrorismo. Nada de estos resultados se hubiesen conseguido sin la participación decidida de la Sala Penal Nacional y de los presidentes de las Cortes Superiores antes indicadas, quienes han mostrado preocupación por el tema y colaboración, facilitando el acceso a los expedientes y disposición para recibir y tramitar nuestras recomendaciones. La solución al problema de los requisitoriados por terrorismo ha comenzado, sólo se espera que el Poder Judicial continúe con el proceso de depuración y saneamiento legal de aquellos casos irregularmente vigentes. A continuación ofrecemos un cuadro comparativo sobre el proceso de depuración de requisitorias en función de los distritos judiciales. (ver: tabla)

En el caso de Ica, las estadísticas no han sido favorables, pues en este distrito judicial las requisitorias han aumentado en 17 respecto del año pasado. Debemos manifestar que el IDL ofreció desarrollar el Proyecto en esta Corte pero no hemos obtenido respuesta favorable de sus autoridades.
(Amado Enco Tirado)