Lima, 15 de diciembre del 2005

Sin duda es una buena noticia, el día domingo 11 de diciembre se publicó el Decreto Supremo N° 017-2005-JUS, que aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos (ver Plan), documento que busca unificar, homogenizar e interrelacionar las políticas nacionales en sus distintos niveles y sectores, para reforzar los medios de promoción y protección de los derechos humanos.

Este documento, elaborado por integrantes del Estado junto a las instituciones de la sociedad civil, pese a las omisiones que contiene −se han escuchado numerosas críticas sobre el retroceso que se habría producido en referencia al proyecto inicial, en lo que se refiere a las garantías de los derechos de las personas con diferente orientación sexual− constituye un gran logro ya que reconoce un conjunto de políticas para el fortalecimiento de los derechos fundamentales en cuatro lineamientos: (i) Institucionalización del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas; (ii) contribución a la difusión del enfoque de derechos humanos en las instituciones del estado y la sociedad civil; (iii) asegurar la plena vigencia de los derechos humanos integrales; y, (iv) implementación de las políticas afirmativas a favor de los derechos de los sectores de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad, a fin de obtener igualdad de trato y sin discriminación.

En estos cuatro ejes el Estado se está planteando conseguir más de setenta resultados, a fin de que se ejecuten 16 objetivos específicos, entre los que se encuentran: (i) la implementación de las recomendaciones de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos; (ii) la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación; (iii) la articulación de planes de igualdad de oportunidades y otros planes sectoriales relacionados con los derechos humanos; (iv) garantizar la plena realización de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; (v) garantizar la plena realización del derecho a un medio ambiente sano y protegido; (vi) garantizar los derechos de las mujeres; (vii) garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afro peruanos; (viii) garantizar los derechos de las personas con discapacidad; ix) garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia; (x) garantizar los derechos de los adultos mayores; (xi) fomentar acciones a favor del respeto a las personas con diferente orientación sexual; (xii) garantizar los derechos de los migrantes; y (xiii) garantizar los derechos de las personas con VIH/SIDA, entre otras.

El marco que nos presenta este nuevo Plan de DDHH es el mínimo, es decir, el que todo Estado debe garantizar, por lo que las instituciones tienen el deber de velar por su cumplimiento. Empero, también es factible que la mayoría de estos derechos, sobre todo los económicos, sociales y culturales y también las políticas afirmativas a favor de los sectores con mayor vulnerabilidad (mujeres, discapacitados y personas de diferente orientación sexual) estén sujetas a una ampliación y a un mejor desarrollo.

Ahora, después de la celebración por este Plan, es necesario empezar a cuidar su implementación y corregir las insuficiencias, que, de acuerdo a un sector, éste tiene.
(Lilia Ramírez Varela)