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Lima, 15 de diciembre del 2005 |
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Una
noticia que ha sorprendido a la opinión pública
ha sido el descubrimiento de correos electrónicos
que revelarían una serie de vínculos entre la
secretaria de la presidenta de la empresa aérea
Aerocontinente y diversos jueces y vocales del
Poder Judicial. Según investigaciones periodísticas
(La República, El Comercio, 14 y
15/12/05), entre los años 2003 y 2004 una serie
de funcionarios estatales, entre los cuales están
los judiciales, habrían solicitado una rebaja
de precios o pasajes gratis a la empresa en
mención que, como bien es sabido, pertenece a
Fernando Zevallos, actualmente denunciado y
procesado por el delito de narcotráfico. Dichas
informaciones estarían evidenciando una suerte
de red de magistrados vinculados a Zevallos, a
quien habrían solicitado una serie de favores
para beneficiarse del transporte aéreo que la
empresa de éste concedía. Asimismo, habría
documentación que estaría indicando que,
incluso, se habrían pedido otra clase de
favores que revelarían una relación de
confianza que les permitía formular esta clase
de solicitudes indebidas, impropias de quienes
administran justicia. Felizmente,
frente a dichos sucesos, la primera reacción de
las autoridades judiciales ha sido adecuada. En
tal sentido, según informa la Dirección de
Imagen Institucional y Prensa del Poder
Judicial, se habría dispuesto el inicio de una
investigación preliminar por la Oficina de
Control de la Magistratura (OCMA) que permita
identificar “los supuestos irregulares nexos
entre algunos magistrados con el empresario
Fernando Zevallos Gonzales”(Página web del
Poder Judicial 15/12/05). Los
hechos ocurridos son sumamente graves y es
necesario que a la brevedad posible se aclaren
estas solicitudes indebidas de favores. En tal
sentido, la OCMA tiene una importante
responsabilidad para aclarar, prontamente, quiénes
han sido los magistrados que han incurrido en
estos actos ilícitos, para que los mismos
puedan ejercer su derecho a la defensa
explicando su conducta, y de encontrarse alguna
incompatibilidad entre este desempeño indebido
y la carrera judicial, para que se proceda a su
sanción. Es
por esto que debe ser el Poder Judicial el más
interesado en aclarar este asunto ya que su
vapuleada credibilidad se debilitaría aún más
si el tema queda sin resolver. Es probable
que el narcotráfico haya infiltrado también el
ámbito jurisdiccional, pero por ello mismo, la
respuesta de las autoridades debe ser más lo más
enérgica y publicitada posible. De por medio
está la legitimidad de un Estado de Derecho,
que tiene que extirpar, cual enfermedad social,
a esta lacra de los últimos años en que se ha
convertido el narcotráfico. |