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Lima, 15 de diciembre del 2005 |
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Tal
como lo informó el Poder Judicial en su portal,
la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia, declaró no haber nulidad en la
resolución que absolvió a Martha Chávez Cossío
del delito contra el patrimonio, en la modalidad
de receptación, en agravio del Estado. El
referido fallo confirma la sentencia absolutoria
del 14 de febrero último, dictada por la Sala
Penal Especial de la Corte Suprema contra la
suspendida legisladora, acusada de haber
recibido 20 mil dólares de Vladimiro Montesinos
Torres para solventar sus gastos de campaña política
en el año 2000. Según la resolución de la
Sala Penal Transitoria, no existen elementos de
juicio que acrediten que la procesada sea autora
del delito instruido, porque las únicas
imputaciones en su contra son los testimonios de
Matilde Pinchi Pinchi y Montesinos. En
cumplimiento de la sentencia, el
Congreso de la República reincorporó a dicha
congresista en el cargo (Perú
21, 15/12/05). Más allá de las diferencias o discrepancias ideológicas, políticas y hasta éticas con el fujimorismo y/o sus representantes, sin lugar a dudas le asiste a la ciudadana Martha Chávez el derecho al debido proceso, y, más en concreto, la específica garantía de la presunción de inocencia. La importancia de esta garantía se relaciona con la carga de la prueba, pues si la inocencia se presume, es lógico entonces que corresponda a los denunciantes la obligación de probar la verdad de los cargos. En nuestro ordenamiento jurídico la carga de la prueba descansa en la labor investigadora del Ministerio Público. Sólo una sólida y consistente actividad probatoria puede quebrar la presunción de inocencia. Una
segunda lección que podemos sacar de estos
hechos es que esta sentencia demuestra de manera
palmaria una vez más –no es la primera ni la
única sentencia que absuelve a denunciados por
corrupción– que el Poder Judicial es autónomo,
lo que cuestiona el argumento central de la
defensa de Fujimori y otros encausados por los
latrocinios perpetrados en su gobierno, respecto
a que la justicia actúa políticamente. Ellos
han sostenido hasta el cansancio que estábamos
ante una cacería de brujas contra los líderes
del gobierno pasado, que sólo existía un ánimo
de revancha política. Esta sentencia emitida
por la Corte Suprema demuestra que existen
condiciones en el Perú para la realización de
un debido proceso judicial contra Alberto
Fujimori y contra todos los miembros de la
corrupción. |