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Lima, 15 de diciembre del 2005 |
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El
26 de noviembre de este año se llevaron a cabo
las elecciones para el decanato del Colegio de
Abogados de Lima (CAL). Sin embargo, en esa
oportunidad ninguno de los candidatos obtuvo el
50% de los votos necesario para alcanzar la
victoria en primera vuelta. La segunda vuelta
tuvo lugar el 10 de diciembre último,
resultando vencedora la Dra. Greta Minaya Calle
quien, con 9,145 votos, derrotó al Dr. Marcos
Ibazeta, que obtuvo 8,827 votos. Cabe recalcar
que de los 38,500 abogados inscritos en el CAL,
sólo participaron en el proceso electoral el
51.75% (19,927). La baja participación de los electores así como la poca atención que, tanto los medios de comunicación como la ciudadanía en general, han prestado a este hecho, contrastan con la verdadera importancia de la noticia. En efecto, se trata de la elección de la persona que liderará una institución que, de acuerdo con su propio estatuto, tiene como fines promover la justicia, defender y difundir los derechos humanos, cautelar el ejercicio profesional con honor, eficiencia, solidaridad y responsabilidad social, proteger el derecho de defensa y el buen ejercicio de la misma, defender los principios democráticos humanistas y desarrollar una educación jurídica permanente en todos los ámbitos de la sociedad. Todo esto en el marco de un diálogo y debate constante entre todos los agremiados. Ciertamente
estos fines parecen ser, hoy
en día, utópicos. Y es que, en una
generación que “(…) ha aprendido a creer en
todo el mundo y en todos los órdenes de la
vida, que la prisa es una necesidad, lo
utilitario una virtud, la figuración sinónimo
de valer, el grito y el anuncio una fuerza más
importante que la razón (…)” (BASADRE,
Jorge. Historia de la República del Perú),
perseguir fines como los señalados en el
estatuto del CAL, resulta muy difícil. El
reto, sin embargo, debe ser asumido por los
abogados. En definitiva, muchos de los problemas
más agudos de nuestra sociedad tienen que ver
con las normas y su aplicación en realidades
concretas. La relación de los abogados con
dichos problemas es, entonces, ineludible. Nótese
que no se pretende atribuir la responsabilidad
absoluta de los problemas a los abogados,
simplemente se busca que cada quien reconozca el
papel que juega en cada situación así como que
asuma la respectiva responsabilidad. En
el ámbito de la administración de justicia,
que es el que nos atañe, el papel de los
abogados es determinante. En efecto, aún cuando
las falencias en este ámbito suelen ser
atribuidas principalmente a los magistrados, lo
cierto es que, por acción u omisión, los
abogados son responsables de gran parte de los
problemas. Por acción, debemos señalar, junto con Luis Pásara (ver: Los abogados de Lima en la administración de justicia una aproximación preliminar), que los abogados son los verdaderos porteros de la ley. Aún cuando las influencias de los abogados son de la más diversa índole, basta con señalar, en este espacio, que la evidente asimetría en la información con relación a sus clientes hace que en muchos casos sean los abogados quienes decidan si un caso pasa al Poder Judicial o no. Por lo demás, ya dentro del proceso, la situación continúa igual: es el abogado quien decide qué hacer y cómo. Lo
más grave, sin embargo, no son las influencias
por acción sino las omisiones. Para muchos, la
responsabilidad social mide parámetros de acción,
es decir, somos responsables de los problemas de
la sociedad en la medida que la afectamos
directamente y de modo activo. Sin embargo,
existe también responsabilidad de quien,
pudiendo cambiar algo, decide no hacerlo. Téngase
presente que no se pretende negar la libertad de
quien decide sino tan sólo reconocer su cuota
de responsabilidad, en este caso concreto, en
los problemas de la administración de justicia. El
caso de la defensa de oficio es claro en este
punto; se trata, en definitiva, de un ámbito
decisivo en cuanto acceso a la justicia se
refiere, más aún cuando las desigualdades en
nuestra sociedad suelen proyectarse en el ámbito
de la administración de justicia. Teniendo en
cuenta que la defensa de oficio estatal se
encuentra en estado realmente calamitoso,
creemos que el papel de los Colegios de Abogados
debería ser mucho mayor. En tal sentido, baste
recordar que el Código de Ética de los
Colegios de Abogados del Perú señala
expresamente que “La profesión de Abogado
impone defender gratuitamente a los pobres,
tanto cuando éstos se los soliciten como cuando
recaigan nombramientos de oficio. No cumplir con
este deber, desvirtúa la esencia misma de la
abogacía. No rige esta obligación donde las
leyes prevean la defensa gratuita de los
pobres”. En
fin, consideramos que la elección de la nueva
decana del CAL es de gran relevancia, toda vez
que, como hemos señalado, es esta institución
la que, de acuerdo con los fines que persigue,
debe congregar a los abogados del colectivo más
grande del Perú y promover el ejercicio de la
profesión de manera más conciente y
comprometida con los problemas de nuestra
sociedad. La participación en la formación de
los abogados, el control del ejercicio
profesional y la promoción de la discusión y
el debate, son algunos de los medios que pueden
servir para perseguir las finalidades señaladas.
Este es, pues, el reto principal que debe
enfrentar la Dra. Greta Minaya Calle. |