Lima, 23 de febrero del 2006

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de hacer de conocimiento público una serie de conceptos aclaratorios sobre sus potestades como supremo intérprete de la Constitución y como órgano jurisdiccional habilitado para dictar, con plena legitimidad constitucional, las denominadas “sentencias interpretativas”. El pronunciamiento, producido al resolver el caso de la “valla electoral” (Exp. N° 0030-2005-PI/TC, fundamentos 38 a 62 y punto 2 del fallo), no podía ser más importante y oportuno.

En efecto, en estos momentos resurge en el país el debate sobre las atribuciones del TC como contralor de las leyes y, en términos más amplios, sobre sus relaciones con el Poder Legislativo. ¿La causa? El proyecto de ley presentado por el congresista Ántero Flores-Aráoz (Unidad Nacional), actual presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, para que el Tribunal actúe sólo como “legislador negativo” y limite su colaboración con el Congreso a una mera detección y comunicación de vacíos legales, así como a la presentación de iniciativas legislativas para colmarlos, a la vez que se elimina su reconocimiento legal como “supremo intérprete” de la Constitución (Proyecto).

Varios son los argumentos esgrimidos por el TC en defensa de sus fueros, todos ellos sólidamente asentados en la propia Carta fundamental y en la doctrina constitucional más acreditada. Así, el Tribunal comienza por reafirmar la naturaleza de la Constitución como “norma jurídica” y la interpretación que le es inherente, para luego ocuparse de la jurisdicción constitucional, y en particular del TC, como elementos de equilibrio en el Estado social y democrático de Derecho.

En tal sentido, el Tribunal recuerda que las disposiciones constitucionales son normas y por lo tanto susceptibles de interpretación, la cual es competencia inherente del juez constitucional como operador del Derecho. De otro lado, el TC afirma que del reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución por la jurisdicción, se deriva el que su lealtad a la ley se desvanezca cuando ésta contraviene los postulados constitucionales. Con ello, “sucumbe el principio de soberanía parlamentaria y se consolida el principio de supremacía constitucional”, a la vez que puede decirse que “entre los Poderes Legislativo y Jurisdiccional no existen relaciones de jerarquía, sino de complementación y equilibrio en la ejecución de sus respectivas competencias” (fundamento 42).

Como se puede apreciar, tienen gran relevancia estas consideraciones, pues de este modo el TC garantiza el que la jurisdicción constitucional actúe como “elemento de equilibrio” que impide el retorno al “absolutismo parlamentario”, en el que la mayoría impone un “dominio autocrático” frente a quienes no participan de los idearios del gobierno (fundamento 44). Es decir, de este modo el TC evita la repetición de la traumática experiencia vivida por el país durante el fujimorismo, cuando el Tribunal estuvo “en cautiverio”, a diferencia de ahora en que actúa “en libertad”[1].

El Tribunal presenta también una muy consistente argumentación acerca de su definición legal como supremo intérprete de la Constitución. Sostiene la sentencia comentada que al interior del Poder Jurisdiccional existe una jerarquía constitucional: ya que a través de los procesos constitucionales se garantiza la fuerza normativa de la Carta fundamental y el TC es el encargado de dirimir en última o única instancia tales procesos (artículos 200 y 203, Const.), el contralor por antonomasia de la constitucionalidad es este órgano jurisdiccional (artículo 201, Const.), de lo que se sigue que también es el supremo intérprete (no el único) de la Constitución.

En cuanto al fundamento constitucional y la legitimidad de sus sentencias interpretativas, el TC aclara que “la jurisdicción constitucional no es solamente la negación o afirmación de la legislación, sino también su necesario complemento”, es decir, que “la jurisdicción constitucional es una colaboradora del Parlamento, no su enemiga” (fundamento 49). Sin duda, éstos son importantes conceptos que deberán calar en el debate público y ser adecuadamente ponderados por los parlamentarios al momento de examinar el proyecto Flores-Aráoz.

El Tribunal insiste en que las distintas clases de sentencias interpretativas e integrativas encuentran su fundamento normativo en la propia Constitución, específicamente en los artículos 38, 45 y 51, que la reconocen como norma jurídica (suprema), y por tanto interpretable, así como en el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes derivado del artículo 93 de la Carta (fundamento 53), que exige precisamente la tarea interpretativa del TC para intentar preservar la norma legal dictada por la representación nacional.

En efecto, dado que las sentencias del TC han de ser un complemento de la ley, y no sólo su afirmación y negación, por vía de la interpretación constitucional ha de evitarse, en la medida de lo posible, la expulsión de las leyes del ordenamiento si es que tal expulsión podría acarrear situaciones de inconstitucionalidad aun mayores (fundamento 59). Es obvio, pues, que las sentencias interpretativas tienen plena legitimidad.

En fin, es también un acierto que el Tribunal exprese en esta decisión, y le atribuya fuerza de precedente vinculante, los límites a los que han de sujetarse las sentencias “manipulativas”, aspecto de gran trascendencia para la comprensión y aceptación de la tarea interpretativa del Tribunal. Tales límites son, al menos: (i) no vulnerar nunca el principio de separación de poderes, por lo que las indicadas sentencias sólo pueden concretizar reglas jurídicas derivadas directamente de la Constitución o de las leyes que son conformes a ella (interpretación o analogía secundum constitutionem); (ii) no caben si existe más de una manera de cubrir el vacío que la declaración de inconstitucionalidad puede generar, ya que en ese caso corresponde al Congreso y no al TC el optar por alguna de las distintas fórmulas constitucionales; (iii) sólo caben cuando son “imprescindibles” a fin de no generar una “inconstitucionalidad de mayores alcances y perversas consecuencias”; (iv) deben ir acompañadas de la debida argumentación y de las razones que justifiquen su expedición; y (v) su emisión requiere mayoría calificada de votos de los miembros del TC (fundamento 61).

Creemos que el Tribunal Constitucional está en lo cierto al exponer estos fundamentos, brindando un importante aporte al debate público suscitado por el proyecto Flores-Aráoz y esclareciendo los alcances de sus potestades interpretativas. El ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales del TC no supone desmedro de la figura del Parlamento, sino, por el contrario, colaboración con la representación nacional. Y las sentencias interpretativas e integrativas, cuya expedición está sujeta a límites derivados de la propia Carta fundamental –que el Tribunal reconoce plenamente–, son necesarias para la defensa de la fuerza normativa de la Constitución y el respeto de la ley que se mantiene dentro del marco constitucional.

Por todo ello, precisamente, el TC es y debe ser reconocido como el supremo intérprete de la Constitución.
(Abraham Siles Vallejos)