Lima, 09 de marzo del 2006

El miércoles 8 de marzo, la Primera Sala Penal Especial, que preside la doctora Inés Villa Bonilla, ha resuelto desacumular el expediente 028-2001, en cuyo proceso se juzga a los integrantes del grupo “Colina” y altos mandos del Ejército por crímenes contra los derechos humanos. Dicha resolución merece un serio análisis toda vez que los abogados de las víctimas  hace más de un año, coincidimos con la resolución que decidió acumular los dos procesos judiciales en los que se investigaba los crímenes de este destacamento militar perpetrados durante el régimen de Alberto Fujimori. (Caso patrocinado por el IDL)

En términos concretos, la resolución judicial determina que existirán dos procesos judiciales contra los integrantes del grupo “Colina”. Uno en el que se juzgue el caso de la desaparición y posterior ejecución de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad “La Cantuta”; y otro proceso que comprenda los casos de la matanza de Barrios Altos, la desaparición de los campesinos de El Santa y la desaparición del periodista Pedro Yauri.

Estuvimos de acuerdo con la acumulación, al considerar que ello significaba la posibilidad de juzgar en un solo proceso judicial a todos los integrantes del grupo “Colina” y develar que sus crímenes contra los derechos humanos eran parte de la estrategia contrasubversiva del Estado. Era la acumulación de los procesos contra Vladimiro Montesinos y los integrantes del Grupo Colina por el asesinato de catorce personas en Barrios Altos, nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, los pobladores de El Santa y el periodista Pedro Yauri.

En su momento la acumulación fue solicitada por la Procuraduría Pública Ad Hoc y mereció la oposición de los principales procesados, como Vladimiro Montesinos, Julio Salazar Monroe y Nicolás Hermoza Ríos, hecho que ponía en clara evidencia que la decisión de la acumulación procesal era políticamente correcta, puesto que ya no solo se juzgarían crímenes sino se ventilaría judicialmente la política contrasubversiva de esa época y las decisiones que desde los altos mandos del Ejército se tomaron para eliminar personas. El sustento para la acumulación fue que los crímenes fueron parte de un mismo plan criminal.

A la parte civil nos pareció importante la acumulación porque la misma nos podía llevar a profundizar las investigaciones iniciadas en cada caso y lograr establecer, no sólo la responsabilidad penal de cada uno de los autores materiales e intelectuales, sino también, el lugar exacto en donde fueron llevadas, asesinadas y enterradas las víctimas que se encuentran en calidad de desaparecidas.

Por ello la resolución recientemente emitida merece una evaluación teniendo en perspectiva algunos de los siguientes elementos: en primer lugar, la desacumulación significa apartarse del objetivo de un caso único contra el grupo “Colina” y de la estrategia de comprender todos sus crímenes como parte de una sola voluntad criminal. En segundo lugar, tomando en consideración que el objetivo de esta desacumulación es evidentemente aclarar el juzgamiento y conseguir una sentencia en este año 2006, la desacumulación no garantiza por sí sola la celeridad del proceso, hay situaciones que deben mejorarse en el tratamiento judicial por parte de la Sala Penal. En tercer lugar, ahora existen dos procesos judiciales, y cada uno tendrá ritmo propio y se enfrentarán, además, a todas las maniobras dilatorias y obstruccionistas que despliegan los abogados de los acusados. En cuarto lugar, resulta necesario superar por parte de la Sala Penal algunas formalidades que son causa de un lento avance del proceso, como por ejemplo, la firma de las actas al inicio de cada sesión del juicio oral.

La Sala Penal que preside la doctora Inés Villa Bonilla no solo se ha constituido en un bastión de la lucha contra la corrupción al llevarla adelante, bajo un estricto respeto del debido proceso, sino que además en el presente proceso ha logrado derrotar en todos sus extremos la estrategia de defensa del grupo “Colina”, a pesar de las más inverosímiles maniobras de obstrucción y dilación del proceso, hecho que en términos prácticos los ha colocado en una situación de derrota judicial irreversible.

Desde Justicia Viva resaltamos la importancia de este proceso judicial, en el que por primera vez en nuestra historia se sienta en el banquillo de los acusados a un grupo de efectivos militares, supuestos responsables del asesinato, desaparición forzada y secuestro de civiles entre hombres, mujeres y niños. Pero nos preocupa que esta última resolución judicial pueda significar mayor dilación procesal, lo cual facilita la estrategia de los abogados de los acusados.
(Carlos Rivera Paz y Antonio Salazar García)