Lima, 23 de marzo del 2006

¿Cómo puede ser posible que a estas alturas el candidato presidencial aprista, Alan García, proponga volver al sistema de “jueces sin rostro” antiterroristas, vigente durante los años del régimen de Fujimori y Montesinos? Peor aun, ¿cómo puede ser que la propuesta, en lugar de generar una crítica cerrada de los otros candidatos, sea hasta copiada por representantes de otras organizaciones, creyendo que de esa manera disputarán los votos de quienes respaldan cualquier medida contra el terrorismo, por más irracional y absurdo que sea?

Habiendo el Perú vivido una experiencia de jueces sin rostro, hay muchas razones para oponerse a la propuesta:

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Los jueces sin rostro fueron parte de todo un esquema legal antiterrorista que generó miles de inocentes en prisión. Al punto que el mismo Fujimori no solo tuvo que poner fin a la figura, sino que se vio obligado a crear una Comisión de Indulto para liberar a  esos inocentes (indultó a cerca de 500, en 3 años), condenados, precisamente, por jueces sin rostro.

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Los jueces sin rostro fueron parte de un modelo normativo que, por estar frontalmente reñido con principios y garantías previstos en los tratados internacionales suscritos por el Perú, determinó la ilegitimidad de todas las sentencias que recayeron en los casos juzgados en dicho modelo. Esto ocasionó que muchas de las sentencias pudieran ser cuestionadas fácilmente en sede internacional, hasta que a nuestro Tribunal Constitucional no le quedó otro camino que ordenar un nuevo juzgamiento, con los riesgos y complicaciones que ello generó. ¿Queremos que suceda lo mismo?
Hubieron numerosos pronunciamientos internacionales contra los jueces sin rostro.

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Muchas veces se ha pretendido justificar la figura de los jueces sin rostro, aduciendo que, como Sendero Luminoso (SL) atentó contra muchos jueces, era la única manera de evitar que por temor terminaran liberando a terroristas convictos y confesos. Sin embargo, lo cierto es que, felizmente, SL nunca ha tenido una línea de atentados contra los jueces que han juzgado y condenado a sus miembros. Es por eso que en el Informe del Relator Especial ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, encargado de la Cuestión de la Independencia de los Jueces y Abogados, Sr. Param Cumaraswamy, de setiembre de 1996, se dice expresamente: “Con arreglo a la información recibida por el Relator Especial, de 1992 a 1997, los jueces no fueron víctimas de la violencia terrorista. En consecuencia, la utilización de tribunales sin rostro no responde al principio de la estricta necesidad” (punto número 74).

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¿Para qué jueces sin rostro, si los jueces con rostro están haciendo una labor justa y eficaz: respeto a las garantías del debido proceso y penas severas pero proporcionales a los graves delitos?

Volver a plantear jueces sin rostro en un país como el Perú significa no haber aprendido nada de los errores cometidos en el pasado y es una señal de que seguimos utilizando y azuzando políticamente el miedo al terrorismo, lo cual es una irresponsabilidad, porque impide el debate serio sobre la agenda pendiente en cuanto a violencia política y derechos humanos.
(Ernesto de la Jara Basombrío)