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Lima, 23 de marzo del 2006 |
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La
Comisión de Justicia y Derechos Humanos del
Congreso tenía previsto para el día miércoles
22 de marzo pasado a las 9 a.m. continuar con el
debate sobre las propuestas de reforma de la
carrera judicial (ver: Carrera
Judicial: una propuesta de reforma
verdaderamente estructural). Para ello,
se había registrado en agenda, como primer
punto en el orden del día, la exposición de la
presidenta de la Corte Superior de Justicia de
Lima, María Zavala Valladares, sobre los
proyectos de ley que proponen un nuevo régimen
en esta materia. Sin
embargo, tanto la convocatoria a la sesión como
la asistencia de la autoridad judicial fueron en
vano. Ello debido a que gran parte de los
parlamentarios brillaron por su ausencia,
mostrando así una falta de respeto para con la
mencionada magistrada y de interés hacia la
importante norma en discusión (con ánimo de
ser justos, es necesario excluir de dichas críticas
a quienes sí estuvieron presentes, entre los
que podemos nombrar a Mauricio Mulder y Fausto
Alvarado). Como
es conocido, los campos en los que se
desarrollan las mencionadas propuestas de ley
van desde la implementación de un nuevo sistema
de ingreso a la magistratura, fortaleciendo sus
primeros niveles; y la creación de un sistema
de evaluación de desempeño (tema central que
ha quedado ausente en nuestra legislación);
hasta la reformulación del cuadro de méritos y
los derechos de los magistrados; la modificación
del régimen disciplinario, adecuándolo a los
principios de legalidad y tipicidad; y el nuevo
régimen de jueces suplentes y provisionales,
entre otros. Para
nuestro sistema de justicia resulta claro
destacar la medular importancia que representa
el estudio, análisis, debate y aprobación de
la ley referida a la regulación de la carrera
judicial, ya que con las propuestas presentadas
se apunta a una reforma dirigida al desarrollo y
cambio estructural en el Poder Judicial peruano
en beneficio de todos, y especialmente de los
jueces. Por
lo dicho, no sólo es necesario, sino también
de urgente necesidad que se realicen de manera
responsable y rápida las actuaciones previas
para la aprobación de la norma en el pleno del
Parlamento. En ese sentido, corresponde lamentar
el desinterés de nuestros congresistas, y en
concreto de la mayoría de los integrantes de la
Comisión de Justicia, quedando en evidencia la
falta de compromiso de los mismos y el peligro
que se corre con la postergación de dicha ley.
Con actitudes como esta, el Congreso no podrá
rehusarse a aceptar parte de la responsabilidad
que le corresponde por contar con un sistema de
justicia poco eficiente. |