Lima, 06 de abril del 2006

Todos deberíamos estar de acuerdo en que el Poder Judicial debe contar con un presupuesto suficiente, eficiente y ejecutado con transparencia. Sobre ello no hay duda. También en que el presupuesto deberá dar sustento económico a reformas de corto, mediano y largo plazo; y que el Plan de la CERIAJUS para esos efectos es idóneo. Igualmente, coincidimos en que dicho presupuesto debe ser elaborado coordinadamente entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en el marco de una ley que el Congreso debe sancionar. Todo ello fue fraseado casi en los mismos términos en la célebre sentencia del Tribunal Constitucional dictada el último día de diciembre de 2004 y la posterior resolución de octubre del año siguiente (ver resolución).

Ahora, en pleno proceso de elaboración del presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2007 cabe preguntarnos: ¿estamos haciendo bien las cosas?

Para ello, es importante traer a colación que el 21 de marzo del 2006, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) aprobó la Resolución Administrativa 042-2006-CE-PJ (ver resolución) mediante la cual se ratificaba la Directiva 001-2006-CE-PJ para la formulación del presupuesto del año entrante. A través de dicho documento, el CEPJ establece las fases, prioridades y plazos que seguirá el procedimiento de elaboración del presupuesto correspondiente a su institución. En tal sentido, las fases son las siguientes: i) revisión de propuestas; ii) talleres participativos a nivel nacional; y iii) consolidación y análisis. Igualmente, las prioridades de gasto de tal disposición son: i) la creación de órganos jurisdiccionales; ii) el fortalecimiento de órganos jurisdiccionales; y iii) el fortalecimiento de órganos administrativos.

Al respecto, surgen algunas dudas en la dirección de acercarnos a una respuesta a la pregunta que guía esta nota. ¿Es acaso la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, el fortalecimiento de los mismos o de las áreas administrativas, la principal prioridad de la reforma judicial? ¿No existen problemas estructurales que combatir? ¿Cuenta el Poder Judicial con un plan estratégico institucional para el año 2007 sobre el cual deba reflejarse el presupuesto de dicho ejercicio fiscal? Si es así, ¿por qué no es tomado en cuenta para elaborar su respaldo económico? ¿Qué lugar ocupa en todo esto el Plan de la CERIAJUS? ¿Es cierta o sólo aparente la notoria falta de coordinación entre el Ejecutivo y el Judicial en la elaboración del presupuesto?

Por otra parte, de acuerdo a dicha directiva, los plazos planteados para el desarrollo de esta actividad son los siguientes: i) los talleres participativos se realizarán el 30 de marzo; ii) las dependencias entregan sus requerimientos a la Gerencia General a más tardar el 31 de marzo; iii) la consolidación de los requerimientos concluye el 5 de abril; iv) el costo estimado de la demanda de gasto será determinado por la Gerencia General a más tardar el 10 de abril; y v) el 14 de abril la Gerencia General presentará su demanda de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso.

En medio de las dudas, podemos señalar como punto positivo el esfuerzo por organizar talleres participativos en cada uno de los distritos judiciales.

Cambiando la mirada al ámbito congresal, el panorama también es turbio. El debate sobre la imprescindible “Ley de Coordinación entre el Poder Ejecutivo y Poder Judicial para la programación y formulación del presupuesto del Poder Judicial” está sumamente retrasado. Recordemos que dicha norma debió ser aprobada el año pasado y, por tanto, este sería el segundo ejercicio fiscal en que el presupuesto judicial se elabora sin un marco legislativo que evite los inminentes desencuentros entre Poderes.

Huelga indicar que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha aprobado ya un dictamen sobre la materia (ver dictamen) y que se está a la espera de la opinión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su debate en el Pleno.

Expuestos los hechos: ¿estamos haciendo bien las cosas en lo que respecta a la elaboración del presupuesto del Poder Judicial? Aunque todavía no podemos dar una respuesta clara a esta pregunta, hay motivos fundados para creer que no se está transitando por la senda adecuada. Y ello a pesar de que no es la primera vez que se hace este camino.
(César Bazán Seminario)