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Lima, 27 de abril del 2006 |
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El
Presidente del Poder Judicial, Dr. Walter Vásquez
Vejarano, sustentó ante la Comisión de
Presupuesto del Congreso el proyecto de ley de
coordinación entre los tres poderes del Estado,
respecto de la elaboración y aprobación de los
recursos que debe recibir su institución de las
arcas públicas (ver
Poder Judicial presenta proyecto de ley de coordinación presupuestal). Tras
esta presentación, Vásquez Vejarano declaró
ante los periodistas que este año ya se habían
recibido los 50 millones iniciales previstos
para este año, pero que estaban a la espera de
los 50 millones restantes, que deben provenir
del FEDADOI (ahora sin recursos). A la vez, señaló
que precisan de al menos 1,100 millones anuales
(400 más que los recibidos este año), en el próximo
trienio, para solventar los gastos que requiere
la reforma del poder judicial. También manifestó
su interés en que los candidatos que disputen
la segunda vuelta, debatan sobre los alcances de
ésta. Partiendo
de que la necesidad de mayores recursos para el
Poder Judicial es resaltada unánimemente por
quienes siguen de cerca al funcionamiento del
sistema de justicia, debemos compartir el pedido
de difusión y contraste de las visiones y
planes existentes, no sólo frente al Poder
Judicial sino a todo el sistema, en la medida en
que los cambios tienen que ser integrales para
producir los resultados deseados, involucrando
necesariamente al Ministerio Público, Consejo
Nacional de la Magistratura, Tribunal
Constitucional, Servicio de Defensa de Oficio,
INPE, etc. De allí que los candidatos deberían
ocuparse tanto del marco general como de las
medidas específicas, debidamente engarzadas. De
otra parte, hay que recordar que, como ya dijéramos
(ver:
Presupuesto del Poder Judicial: ¿estamos
haciendo bien las cosas?), el gran tema
en materia presupuestal gira alrededor del
destino que deben tener los recursos adicionales
que se solicitan y obtienen. Hasta la fecha, el
Poder Judicial no pasa de dedicarlos a la creación
de nuevos órganos jurisdiccionales, al
fortalecimiento de los existentes y de las
unidades administrativas, sin abordar ninguna de
las reformas estructurales imprescindibles que
se encuentran tratadas en detalle en el Plan de
Reforma de la Justicia que aprobara por
unanimidad la CERIAJUS. De allí que se siga
reclamando respecto de las necesidades de uso
eficiente de los recursos obtenidos, es decir,
de su utilización para iniciar los caminos de
cambio que busquen la luz en el fondo del túnel. |