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Lima, 04 de mayo del 2006 |
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El pasado martes 2 de mayo, el presidente de la CONFIEP, José Miguel Morales, afirmó que el Tribunal Constitucional (TC) se está inmiscuyendo en temas que van más allá de su labor, pretendiendo, de esta manera, cubrir los vacíos que viene dejando el Congreso. Expresó, además, que este organismo está legislando “de muy buena fe, pero técnicamente mal” (Gestión, 02/05/06). Esta declaración, sumada a la nota de prensa que emitió la Cámara de Comercio de Lima en el mes de enero del presente año, no hace otra cosa que repetir en lo fundamental los argumentos del Proyecto de Ley 14321/2005-CR, presentado por el congresista Ántero Flores-Aráoz. Como recordamos, este último propone limitar al TC en su condición de supremo y definitivo intérprete de la Constitución, en tanto las sentencias interpretativas, dice el congresista, implican una violación al principio de separación de poderes y una afectación a la seguridad jurídica. Es reconocido en las últimas décadas, tanto doctrinaria como jurisprudencialmente, que las facultades del TC se han ido desarrollando también como una forma de participación legislativa positiva, creadora de derecho, pero en grado disminuido. Esto, en la medida que el TC no elige discrecionalmente la mejor interpretación bajo un criterio de oportunidad o conveniencia política, sino siguiendo los parámetros que se ajusten a la Constitución bajo el principio de legalidad (ver: En defensa del Tribunal Constitucional: 10 razones jurídicas para resguardar sus potestades interpretativas). La
función que el alto Tribunal desempeña como
contralor y garante constitucional es
imprescindible para defender y fortalecer el
Estado Constitucional de Derecho, por lo que se
debe objetar cualquier proyecto que amenace con
afectar dicha función. |